La idea del retiro del 10% de los fondos de pensiones ha acaparado la discusión política durante julio y, por cierto, la atención de los chilenos. El viernes recién pasado, el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que permite sacar esos fondos, poniéndole firma a lo que hace días había causado agitados debates en el Congreso.
Por cierto, no pareciera ser ese el fin de la historia. Entre que los cotizantes esperan el inicio del proceso de retiro, la reactivación de la discusión constitucional, y el hecho de que la reforma al sistema previsional se encuentra en su segundo trámite en el Senado, la conversación sobre las jubilaciones seguirá estando en la agenda.
Los referentes para el debate
Los últimos resultados del Índice mundial de pensiones de Mercer Melbourne (MMPGI) realizados en 2019, situaron a Holanda y a Dinamarca como los países ejemplo en materia de jubilaciones, teniendo una puntuación de 81 y 80,3 respectivamente. Comparando a 37 sistemas, el MMPGI evaluó tres aspectos: adecuación, integridad y sostenibilidad, siendo este último ítem “una debilidad para una población que está envejeciendo y para el futuro de las contribuciones definidas”, según indica el estudio de los países europeos.
Al respecto, Matteo Triossi, Doctor en Economía e Investigador MIPP, señala que “en general, los países con población envejecida con sistemas de pensiones de reparto tienen problemas con el costo del sistema de pensiones: menos trabajadores imponen con respecto a quien percibe las jubilaciones”. Así, cuatro son los países europeos que se encuentran bajo el promedio global de 59,3 según el índice MMPGI: Italia (52,2), Austria (53,9), España (54,7) y Polonia (57,4), donde todos ellos, salvo Austria y su “mochila austriaca”, se caracterizan por un fuerte sistema de seguridad social de reparto público.
Los caminos de Europa
Para Matteo Triossi, los países europeos que experimentan este problema lidian con él de diferentes formas:
- Directamente, no enfrentar el problema. En ese caso el riesgo es generar una crisis de deuda pública para garantizar el nivel de las pensiones si es que el país no cuenta con recursos suficientes.
- Subir la tasa de imposición o el nivel de impuestos.
- Retrasar la edad de jubilación.
- Controlar el nivel de pensiones, reduciendo, en particular, el nivel de las jubilaciones para las generaciones futuras de manera más o menos explícita: cambian el cálculo del importe de las jubilaciones desde un sistema retributivo (donde la pensión depende del promedio de los últimos sueldos del trabajador en un periodo de tiempo, como en Chile sucede en Carabineros y en el Ejército) a un sistema contributivo (donde la pensión depende de la cantidad de imposiciones pagadas a lo largo de la vida laboral).
- Se incentiva o se obliga a los trabajadores a imponer también en administradoras de fondos de distinta naturaleza.
¿Qué dice el índice sobre Chile?
Nuestro país se ubica en la décima posición con 68,7 puntos y encima del promedio global de 59,3, estando un puesto más abajo que Canadá, y uno sobre Irlanda. Aunque los números parecen positivos, Triossi es categórico: “el sistema de pensiones en Chile no es política o socialmente sostenible sin intervenciones mayores. La razón es, principalmente, que las pensiones son bajas para muchos”.
Bajo ese análisis, el Investigador comenta que no cree que las AFP sobrevivirán tal cual se han conocido, argumentando que los cambios a estas podrían encaminarse desde la nacionalización y sistema de reparto hasta la constitución de los fondos de pensiones como sociedades sin fines de lucro.
Al respecto, Triossi es cauto y agrega que los sistemas de pensión son caros y que la posibilidad de un país de generar riqueza y crecer se relacionaría con la capacidad de pagar pensiones razonables. “En Latinoamérica, posiblemente, la capacidad de generar riqueza y la dificultad en la redistribución que, de toda manera puede generar problemas de eficiencia, impiden replicar los efectos de Europa”, concluye.
