La nueva reforma de pensiones propuesta por el gobierno vuelve a depositar su fe, como lo han hecho muchas propuestas anteriores, en que el sistema mejorará por la competencia entre las AFPs y con otros posibles actores. Se vuelve a enfatizar que la mejoría del sistema se fomenta por decisiones de los afiliados, supuestamente capaces de evaluar compleja información financiera y mover sus ahorros hacia los mejores gestores financieros del mercado.
Lamentablemente, la evidencia nos dice que las personas reaccionan poco a las diferencias de eficiencia entre AFPs (Illanes 2017). Por otro lado, sabemos que el chileno promedio no alcanza un nivel de conocimiento financiero que le ayude a tomar buenas decisiones en este ámbito.
Si somos algo optimistas, las personas sí pueden evaluar algo más simple que la rentabilidad y el riesgo de inversiones de largo plazo: las comisiones de AFPs. Esto es más plausible, pero una mayor competencia reduciría comisiones, que ya están en un nivel razonablemente bajo, sólo para elevar el consumo de los cotizantes y no a su ahorro. Y aunque las comisiones íntegramente se aportaran a las cuentas individuales, el aumento de pensiones sería modesto, difícilmente más de un 10%. ¿Esto significa que es mala idea elevar la competencia? No, pero es claramente insuficiente porque en el mercado de AFPs la gente responde poco a los incentivos y no comprende el alcance de sus decisiones. ¿Más educación financiera? Desde luego que es una buena idea, pero no esperemos milagros en el corto plazo.
Por otra parte, subir la tasa de cotización, la principal fuente de mayor ahorro promovida hasta ahora, puede ser inevitable hasta cierto grado, pero alguna evidencia disponible (Joubert 2015) sugiere que se elevará la informalidad y la subdeclaración de salarios, perjudicando especialmente a los más pobres. Otra medida como el retraso en la edad de jubilación apunta a reducir los beneficios del sistema y elevar el ahorro con efectos inciertos sobre el bienestar.
Nuestro punto es simple: las reglas del juego deben asegurar que las AFPs se enfoquen fuertemente en aumentar el valor de sus fondos para cada nivel de riesgo. Tiene mucho más sentido pensar que las AFPs respondan más a los incentivos que el cotizante promedio: están mucho más informadas y preparadas para ello.
Ahora bien, ¿la regulación actualmente da los incentivos correctos? Lo hace en forma insuficiente: las AFPs deben mantener un fondo propio (encaje) de sólo un 1% del total que manejan, algo casi testimonial. Por el lado de las sanciones, la ley sólo las castiga si obtienen una rentabilidad muy por debajo del promedio del sistema en su conjunto. No hay en la regulación una evaluación objetiva de sus estrategias de inversión (un benchmark en jerga técnica) que no sea alterado por las mismas AFP. La evidencia muestra que existe un margen importante para alcanzar una gestión financiera más eficiente de las AFPs (Bernales 2017), por lo que es posible mejorar sus desempeños ostensiblemente si modificamos las reglas de juego.
Con la regulación de hoy, ¿ganan más las AFPs si invierten mejor? No mucho más en realidad. Los cotizantes se cambian poco de AFP tratando de lograr mayores rentabilidades. El grueso de los ingresos de las AFPs dependen de cuánto recaudan de los cotizantes en comisiones, no de cómo invierten sus fondos. El objetivo principal de las AFP es atraer y mantener cotizantes, ojalá de altos salarios, mientras que elevar el valor de sus fondos es un aspecto de importancia mucho menor que lo deseable.
Los incentivos de las AFPs y cotizantes estarán mejor alineados, en primer lugar, si la comisión cobrada aumenta, en algún grado, con el valor del fondo, o con la rentabilidad obtenida, asemejándolo más a lo que ocurre comúnmente en la industria financiera. En segundo lugar, sería importante contar con un indicador externo (benchmark), definido desde fuera del sistema y que no sea afectado por las estrategias de las mismas AFPs para evaluar su desempeño. En tercer término, un significativo aumento del encaje podría ser complementario. Lamentablemente, políticas de este tipo han estado fuera del radar, quizá por una previsible reticencia de las AFPs que tendrían que compartir más el riesgo de las inversiones con sus cotizantes.
Una mayor eficiencia de las AFPs eleva las pensiones en el futuro sin dudas, mientras que las medidas propuestas hasta ahora, como aumentar las cotizaciones y la edad de jubilación, tienen efectos colaterales en el bienestar de magnitud incierta. Esto no significa que debamos descartar estas ideas: solamente proponemos dar prioridad a medidas que parecen más efectivas para elevar las pensiones en el largo plazo y que, hasta ahora, no han sido consideradas.