No es nuevo señalar que las colusiones entre empresas contribuyeron al malestar social que derivó en el estallido del 18 de octubre y acrecentaron gran parte de las criticas al funcionamiento de los mercados en nuestro país.
Los casos más emblemáticos de carteles partieron siendo detectados en 2008 (farmacias y pollos) y se han extendido hasta los últimos dos años en que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sancionó a los laboratorios farmacéuticos, por requerimientos presentados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) producto de investigaciones iniciadas en 2012. En ambos casos, los laboratorios afectaron el resultado de licitaciones publicas de medicamentos convocados por la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) y hospitales. Uno de los carteles operó al menos entre 1999 y febrero de 2013, por lo cual se le impuso una multa de US$15 millones, y el segundo estuvo destinado a afectar el resultado de dos licitaciones publicas de suero fisiológico, recayéndoles una multa de $200 millones de pesos.
Esta semana, además, hemos visto como la FNE, luego de que detectara carteles de larga data, no solo se quedó en demandar a las empresas y cuantificar multas para generar efectos disuasorios de practicas colusorias, sino que analizó las fallas en el mercado que facilitan la ejecución de practicas anticompetitivas. De esta forma publicó un informe en que se hizo cargo de las fallas existentes en el mercado de compras públicas, como la errónea planificación de las necesidades por parte de los órganos públicos, exigencias y criterios que limitan el ingreso de oferentes, y en el cual estimó que, en caso de mejorar los mecanismos de asignación, se podrían generar entre US$290 millones y US$855 millones ahorros al Estado.
Es importante relevar como la institucionalidad publica con atribuciones adecuadas puede contribuir a generar mejoras concretas en los mercados, y así, en el bienestar de nuestro país. Lo anterior no requiere de un mayor nivel de regulaciones o tramitaciones legislativas, muchas de las cuales demoran por prioridades políticas, sino que de voluntad, capacidad técnica y mirada de largo plazo.
El ejemplo del rol de la FNE en el CENABAST es claro. Permite apreciar como las políticas de competencia pueden contribuir a disuadir la existencia de practicas anticompetitivas, facilitar las condiciones para el funcionamiento de mercados mas eficientes y generar ahorros fiscales para enfrentar la crisis y reasignar fondos públicos tan necesarios en el contexto actual.
Se trata de un caso que, prácticamente en el aniversario del estallido social, nos invita a ver el vaso medio lleno. Si bien las colusiones alimentaron el malestar, es importante considerar que en Chile contamos con instituciones públicas técnicas y rigurosas, con visión de largo plazo que debemos resguardar. Esto es clave para fomentar la existencia de mercados mas competitivos y enfrentar las crisis más inesperadas.
Esta Columna fue originalmente publicada en el Diario Financiero.
