Las políticas públicas en las más diversas materias responden no solo a ideologías, sino que también a las preferencias de los votantes y de grupos de interés. En general no es fácil determinar cómo se determinan políticas públicas específicas, como el grado de protección a los trabajadores. Este refleja el resultado de un conflicto entre los beneficios (para los trabajadores) y costos de esa protección (para las empresas y los desempleados).
Además, no se trata de una sola política pública, sino que varias de ellas cuyos efectos interactúan. Junto a Diego Huerta, he trabajado en determinar de qué dependen los equilibrios de políticas públicas en dos dimensiones relevantes: la protección a los acreedores y la protección a los trabajadores.[1] Esto es importante porque en América Latina uno de los principales problemas de las empresas pequeñas y medianas es el acceso al crédito. Por su parte, los financistas están más dispuestos a prestar, mientras más protegido esté su crédito, en el sentido de que las leyes protejan sus derechos. La protección al trabajo se puede medir por el monto de los seguros de cesantía o de las indemnizaciones por despido.
En nuestro trabajo, las grandes empresas de distinguen porque no tienen problemas de acceso a crédito, y prefieren reducir los derechos laborales, porque eso reduce sus costos. Tampoco les interesa mejorar el acceso al crédito, porque las empresas medianas y pequeñas crecen y demandan más trabajo, lo que haría subir los salarios. Por lo mismo, los trabajadores tienen los intereses contrarios. Lo interesante son las empresas medianas y pequeñas, porque coinciden con los trabajadores en desear más protección a los acreedores, para poder invertir más. Pero prefieren, tal como los empresarios grandes, que los salarios (incluyendo indemnizaciones) sean bajos, por dos motivos: porque así ganan más, pero también porque esto les permite mayor acceso a crédito puesto que sus proyectos son más rentables. La distribución inicial de la riqueza en la sociedad determina quienes pertenecen a cada categoría: grandes empresarios, empresas medianas y pequeñas o trabajadores.
Los partidos políticos responden a los intereses de los grupos que los apoyan y el proceso de negociación política eventualmente se traduce en un cierto grado de protección a los trabajadores y a los acreedores. El resultado es que la distribución inicial de la riqueza y el ingreso promedio de las sociedades determinan si el equilibrio político tiende a ser uno que favorece los derechos de empresas y crédito. En sociedades desiguales y pobres, la influencia de las élites predomina, y el proceso político condice al país a tener baja protección a los acreedores y poca protección a los trabajadores. A medida que la desigualdad se reduce mejora las leyes laborales y de protección a los acreedores. Pero también es importante el grado de riqueza inicial: en países desiguales pero ricos, la influencia de los grupos de altos ingresos es menor. Incluso es posible que en un país rico pero desigual las leyes sean muy protectoras del trabajo y del crédito.
Efectos de aumentos en la desigualdad sobre protecciones, para distintos niveles de ingreso per cápita. Fuente: Fischer, R. y Huerta, D. (2021): “Wealth Inequality and the Political Economy of Financial and Labor Regulations”
¿En que se traducen estas predicciones? Si comparamos dos países pobres de África, por ejemplo, el que tiene peor distribución de ingresos tendrá menos protección al trabajo y al crédito. Por el contrario, si tomamos dos países europeos, el que tiene peor distribución del ingreso será el que tiene mayor protección laboral y crediticia. La figura muestra este efecto, calculado usando más de 65 países en el caso de protección al trabajo, y más de 130 países en el caso de protección al crédito. En el eje horizontal aparece la riqueza de los países. En la figura izquierda, el eje vertical muestra el efecto de aumentar la desigualdad sobre la protección al crédito, y en la figura derecha se ve el efecto de mayor desigualdad sobre la protección al trabajo. La figura confirma que en países de bajos ingresos, mayor desigualdad significa que la protección decrece (porque el valor es negativo), pero que el efecto se reduce y luego se invierte a medida que los países se hacen más ricos.
[1] Proyecto Fondecyt 110563.
