El 25 de octubre de 2020 se dieron a conocer los resultados del plebiscito para una nueva Constitución, donde la alternativa “Apruebo” ganó con una amplia mayoría con el 78,2% de los votos, significando el inicio formal del proceso para el cambio constitucional.
Aunque todavía no se ha iniciado la elección de las y los constituyentes y aún quedan muchos puntos para ser discutidos, quisimos reunir a algunos de las y los investigadores del Instituto Milenio MIPP en torno tres preguntas relativas al debate sobre la nueva Constitución.
¿Qué expectativas tienes del proceso constituyente?
JUAN ESCOBAR – Economista, académico y Director MIPP
Espero que sea un proceso de diálogo amplio, en el que estén representadas diversas miradas sobre la sociedad, la política y la economía. Creo que es importante que sea muy participativo y que muchos sectores políticos y miembros de la sociedad civil se hagan parte. Considero que es importante también que todos aquellos que sean parte del órgano constituyente lleguen con la voluntad de escuchar y entender la posición del resto.
La idea es que el proceso sea capaz de restablecer la confianza de la ciudadanía en el sistema político. Es necesario que la ciudadanía vea la constitución como propia y que todo este proceso sirva para volver a legitimar a la política. Me parece que debemos estar muy atentos a la participación electoral en el plebiscito de salida.
ALEJANDRO CORVALÁN – Economista y académico investigador MIPP
Creo que va a funcionar bien. Por una parte, la comisión constitucional es un mecanismo donde se sienta mucha gente bajo reglas de mayoría o súper mayoría, así que no hay ningún argumento para pensar que saldrán propuestas radicales o poco razonables. Por otro, el tema constitucional lleva más de una década de intensa discusión académica en Chile; hay mucho escrito y mucho conocimiento acumulado.
No obstante, también creo que el proceso no es solo la elaboración del documento, sino que la oportunidad para que la gente vuelva a incorporarse a la institucionalidad política. Uno de los problemas centrales de la Constitución de 1980 es que revirtió el proceso de incorporación política, y ya vimos los resultados que esto tuvo. Por lo tanto, es fundamental que el proceso sea participativo y transparente, que la deliberación alcance los más amplios espacios sociales.
¿Cuál será el principal debate en términos económicos y por qué?
ANDREA CANALES – Ingeniera matemática, economista e investigadora invitada MIPP
Creo que el principal debate será alrededor de qué estaremos dispuestos a garantizar en dos temas que son demandas históricas en Chile como son educación y salud; qué vamos a plasmar en la nueva Constitución en relación con estos temas.
Si acaso vamos a seguir garantizando el derecho a elegir o si será con respecto al derecho al acceso a ellos, será sin duda un tema de gran debate, porque ha sido uno de los puntos más debatidos en los conservatorios previos al plebiscito.
MARCEL GOIC – Ingeniero civil industrial, académico e investigador asociado MIPP
A mi juicio el primer debate de importancia es el alcance de la Constitución. Recordando que no solo nos enfrentamos a la redacción de una carta magna si no que, a un proceso constituyente, y aún hay varios elementos estructurales que no están completamente definidos. El escenario en que se redacte una carta centrada en los principios fundamentales es muy distinto a uno en que definamos con precisión cuál es el funcionamiento de todas las instituciones.
A su juicio, ¿qué derecho, principio u órgano, en relación con cuestiones económicas, NO debe faltar en la futura Constitución?
BENJAMÍN VILLENA – Economista, académico e investigador MIPP
El establecimiento de derechos verdaderamente esenciales, tales como la vida, libertad, seguridad, salud y educación mínima, sin ser una lista exhaustiva. Un principio de separación y autonomía general de instituciones de Estado con injerencia limitada o contrapesada de los Gobiernos de turno, como por ejemplo el Banco Central, Instituto Nacional de Estadísticas, universidades públicas, y en general, organismos técnicos del Estado. El Estado debe tener una estructura fundamentalmente técnica, donde las autoridades de turno establezcan prioridades estratégicas.
Finalmente, un principio de progresividad del gasto e impuestos en que los aportes del Estado prioricen a quienes tienen menos y los tributos se obtengan de quienes tienen más.
CARLOS NOTON – Economista, académico e investigador MIPP
Soy partidario de la independencia del Banco Central. Si se puede implementar algo similar de rango constitucional para el Instituto Nacional de Estadísticas y la Fiscalía Nacional Económica sería fantástico. Necesitamos tener autoridades independientes del Gobierno de turno que velen por la calidad y transparencia de los datos públicos y, así mismo, una autoridad fuerte que vele por los consumidores y la libre competencia con amplias atribuciones y presupuestos.
