A estas alturas, nadie niega la influencia que tiene la confianza en el buen funcionamiento de la economía y de la sociedad. La confianza en las personas y la confianza en las instituciones son componentes clave de la cohesión social (Dragolov et al. 2013), ya que reducen la necesidad de controles, monitoreo y vigilancia. Lo anterior permite que las relaciones sean menos complejas y de menor costo para los involucrados, debido a que la mayoría de las veces tomamos decisiones en ausencia de información completa. Sin embargo, el hecho que el buen funcionamiento de la economía afecte la confianza, parece ser menos evidente. Por ejemplo, en un comienzo, la transición del socialismo al capitalismo, en lugar de caracterizarse por un aumento significativo de la confianza, se caracterizó por una disminución de ella. Aún, después de 30 años, los países con un PIB per cápita entre 10 y 20 mil dólares y con tasas de crecimiento del PIB per cápita bajas, muestran bajos niveles de confianza, además de estar atrapados en un nivel de ingresos medios. En cambio, naciones con altos niveles de libertad económica, como algunos países nórdicos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, exhiben niveles de confianza que más que duplican el de naciones con ingresos medios como Argentina, Brasil y Turquía.
Lo anterior se ve en el siguiente gráfico (ver Figura 1). En el eje horizontal se traza el Índice de libertad económica promedio del Instituto Fraser entre 1994 y 2014 y en el eje vertical, la confianza generalizada promedio obtenida de la World Value Survey, para el mismo periodo. La línea azul es el polinomio de grado 2 que mejor ajusta los datos. Esta muestra que la correlación es primero negativa y luego, positiva, lo que sugiere una potencial relación no monotónica con forma de U entre libertad económica y confianza generalizada.
Chile está ubicado justo por arriba de Francia y Moldavia. Dicha relación es investigada en detalle por Balmaceda, Correa y Vargas (2020) y discutida más abajo. Desde que Kuznets analizó, por primera vez en el año 1955, el patrón en forma de U invertida entre crecimiento económico y desigualdad, cada vez hay más evidencia acerca de la relación entre desigualdad de ingresos y desempeño económico. Esto ha llevado a algunos autores a estudiar la relación entre desigualdad y confianza. Por ejemplo, Gould y Hijzen (2016) encuentran que la desigualdad de ingresos tiende a disminuir la confianza intrapersonal; Alesina y La Ferrara (2000) establecen que mayores niveles de confianza mejoran las condiciones para las familias de bajos ingresos; Piketty y Saez (2003a) documentan una disminución general de la confianza en los últimos 40 años y un aumento constante, bien documentado, de la desigualdad en los Estados Unidos; Piketty y Saez (2003b) muestran un patrón similar para Francia. Finalmente, Acemoglu and Robinson (2019) argumentan que “La percepción generalizada de que las instituciones no han logrado abordar los problemas como la desigualdad ha estado erosionando la confianza pública en las principales Instituciones desde la década de 1970”. La conexión entre desigualdad y crecimiento económico también indujo a investigar la relación entre acumulación de capital humano y confianza, dado que, como bien señala Knack and Keefer (1997), el capital humano afecta el desempeño económico y la confianza afecta la acumulación de capital humano. De hecho, Sutter and Kocher (2007) encuentran que la confianza aumenta con la edad hasta la edad adulta y se mantiene relativamente estable durante el resto de la vida. Por lo tanto, la confianza no solo parece estar directamente relacionada con el desempeño económico, sino que también con sus determinantes y consecuencias.
La relación entre confianza en instituciones políticas y desempeño económico también ha sido estudiada con cierto detalle. Van der Meer and Hakhverdian (2017), usando datos de la European Value Survey 2008, encuentran que los resultados macroeconómicos no se relacionan con la confianza política cuando se controla por el nivel de corrupción. Los efectos de la corrupción y los resultados macroeconómicos tienen un mayor impacto entre los ciudadanos de mayor educación. Van Erkel and Van Der Meer (2016), utilizando datos del Eurobarómetro para 15 países miembros de la Unión Europea entre 1999 y 2011, concluyen que, en cada país, los cambios longitudinales en el desempeño económico afectan la confianza política; el impacto del desempeño macroeconómico es mayor entre los menos educados, y los déficits presupuestarios tienden a socavar la confianza política, aún en periodos de recesión. Hetherington and Rudolph (2008) argumentan que la confianza política se ve especialmente afectada por el rendimiento de la política en que los ciudadanos están focalizados. De igual forma, a partir de datos para Estados Unidos, muestran que el efecto del desempeño económico en la confianza política es asimétrico. Dado que, menos personas piensan que la economía es más importante en los tiempos de bonanza que en los tiempos de escasez, los periodos de bonanza económica aumentan la confianza menos de lo que las economías pobres la disminuyen. Braun and Fatke (2017), usando datos de la World Value Survey para una muestra diversa de países, reportan que, en países con menor desigualdad de ingresos, la afiliación percibida a una clase social más alta se asocia positivamente con la confianza política, mientras que esto no sucede en países con mayores niveles de desigualdad.
Lo anterior sugiere que, los países que logran reducir la pobreza y aumentar tanto el nivel de capital humano de su población como los ingresos, aumentan su confianza, siempre y cuando no lo hagan, en parte, a expensas de la desigualdad, la corrupción, los déficits fiscales y la captura regulatoria de ciertos grupos de poder. Cuando lo último ocurre, la ciudadanía desconfía de la élite gobernante, lo que genera una presión política significativa por parte de los ciudadanos para reducir la desigualdad, la corrupción y los privilegios de la elite. Lamentablemente, esta presión, lejos de tener los efectos deseados, ha resultado en la adopción de políticas públicas redistributivas de corte populista que no logran su objetivo y, de paso, ralentizan el proceso de modernización económica. Como consecuencia, la desconfianza de los ciudadanos se ve acrecentada, lo cual aumenta los costos de transacción y reduce la eficiencia. En ese sentido, se refuerza, aún más, el deterioro de la confianza, lo que impide el desarrollo de los países y los mantiene entrampados en un nivel de ingresos medios.
La crisis financiera del 2008 es un ingrediente particularmente importante para comprender el deterioro en la confianza, tanto interpersonal como institucional, en la última década. De hecho, este deterioro parece ser más profundo en los países más afectados, especialmente en Grecia, España, Estados Unidos y Latinoamérica. Una explicación posible es que la recesión y, particularmente las decisiones de salvataje del sistema financiero, dejaron de manifiesto a países que parecían tener un sistema de mercado bien desarrollado, competitivo, meritocrático y, en gran medida, libre de corrupción y captura política, lo que no era cierto. Si a esto sumamos que, desde la crisis, la desaceleración en las tasas de crecimiento, el aumento de las tasas de desempleo y, en menor medida, el aumento en la inflación se ha manifestado en las mayorías de los países, tenemos como resultado, una mayor desconfianza interpersonal e institucional. En efecto, la democracia representativa, como la mejor forma de gobierno capaz de garantizar un nivel de bienestar digno a todos los ciudadanos, es puesta en duda. De hecho, el índice de democracia, elaborado por The Economist, decreció, en los últimos años, en más de la mitad de los países, siendo la libertad de expresión una de las dimensiones que más ha sufrido. Cabe destacar que, la disminución de la participación electoral es sistemática y, con ello, la democracia representativa está cada vez más en tela de juicio. Esto ha dado espacio, últimamente, a partidos y regímenes populistas, a pesar que la evidencia muestra que la democracia representativa si genera importantes mejoras en bienestar. En particular, Acemoglu et al. (2019), en un detallado estudio, muestran que la democracia tiene un efecto positivo no despreciable en el PIB per cápita. Sus resultados evidencian que la democratización aumenta el PIB per cápita en aproximadamente un 20 por ciento en el largo plazo y sugieren que estos resultados están principalmente impulsados por mayores inversiones en capital, escolaridad y salud.
Existe otro hecho, quizá más relevante que la crisis financiera del 2008, que tiene relación con el rol de la información y las percepciones de los ciudadanos. Actualmente, los ciudadanos tienen acceso a grandes cantidades de información a velocidades nunca antes vistas, así como a nuevas formas de conocimiento derivadas de las tecnologías digitales. Esta situación permite que las personas tengan un mayor control de la información que obtienen y ha dado voz a grupos que antes estaban marginados. Esto, que a-priori podría pensarse como un fenómeno con efectos positivos más que negativos, ha limitado la exposición a fuentes de información diversas y ha facilitado la diseminación de información sesgada y falsa, debido, en gran medida, a los sesgos cognitivos. En particular, al sesgo confirmatorio. Más aún, a medida que esta información no diversa y sesgada se difunde, su legitimidad percibida parece aumentar. Este método de compartir y validar información contrasta con los métodos controlados más directamente por intermediarios (por ejemplo, medios tradicionales), quienes tienen conocimientos especializados y responsabilidades específicas relacionadas con la verificación y el intercambio de información. A su vez, la racionalidad de las políticas públicas ha sido reemplazada por la emocionalidad y la casuística de las experiencias cotidianas y personales. La falta de confianza en los intelectuales públicos y en las instituciones ha redundado en un traslado de la discusión de las políticas públicas desde las instituciones diseñadas para garantizar que ella se haga con cierta racionalidad crítica hacia las redes sociales y los medios. Estas últimas, fijan la agenda de los políticos, quienes intentan incorporar el sentir popular en sus propuestas, sin considerar la racionalidad y factibilidad de estas.
El deterioro en la confianza intrapersonal e institucional y el consiguiente debilitamiento de la democracia representativa han dado cabida al surgimiento de conglomerados políticos populistas y al crecimiento de movimientos anarquistas radicalizados de tipo identitario, asociados, por una parte, a facciones del feminismo y movimientos ecologistas y, por otra, a la reivindicación de los derechos de minorías étnicas y sexuales, las cuales se reúnen bajo un paraguas antisistémico, anti-estado y, profundamente, anti-capitalista (ver, por ejemplo, Kinna, 2016, 2019). De hecho, el anarquismo no se opone al gobierno como tal, sino a cualquier forma que no sea el autogobierno. Para muchos de ellos, esto incluye la democracia, aún cuando implica la tiranía de la mayoría sobre el individuo.
Aunque disímiles, algunos grupos populistas y anarquistas actuales comparten la visión de que las protestas violentas son una forma legítima de acción política. Estos grupos, utilizando una narrativa basada en la desigualdad, los abusos de las elites y los actos de corrupción del Estado, han promovido el uso de protestas violentas para lograr sus objetivos políticos y la satisfacción de sus demandas. Esto se manifiesta claramente en el caso de Chile, a partir del 18 de octubre del 2019 y en España con el movimiento 15-M, también llamado Movimiento de los Indignados. Esta revuelta ciudadana, formada a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011, en conjunto con la primavera árabe, inspiraron el movimiento Ocupa Wall Street, el cual comenzó en Estados Unidos el 17 de septiembre del 2011.
La falta de competitividad y meritocracia de la economía chilena, sumada a la de un Estado incapaz de proveer, por un lado, servicios públicos de una calidad acorde al nivel de desarrollo del país -problema ubicuo hoy en el mundo más desarrollado- y, por otro, soluciones efectivas a los privilegios de la elite y la corrupción, han profundizado la crisis de confianza institucional e intrapersonal. Esta crisis, a su vez, se ha visto afectada por la idea equívoca -evidente a la luz de la evidencia- que el país no ha progresado lo suficiente y que la desigualdad no ha disminuido desde el retorno a la democracia, visión que se ha perpetuado –en diferentes grados– con la ola de violencia iniciada el 18 de octubre hasta el día de hoy. De hecho, el relato asociado a que el capitalismo ha aumentado la desigualdad y que la democracia no ha generado los beneficios esperados es propagada hoy en el mundo entero. Ciertamente, hay un desplome de la confianza generalizada e institucional, lo que pone en duda el éxito de la democracia liberal en muchos países.
El contexto actual a nivel mundial y nacional, descrito con anterioridad, sugiere que es clave entender como el capitalismo y sus instituciones afectan la confianza intrapersonal e institucional. Con este fin, en Balmaceda et al. (2020) nos preguntamos ¿cuál es el efecto que la libertad económica tiene sobre la confianza? Por libertad económica entendemos un sistema compuesto por instituciones formales que permiten a los ciudadanos participar libremente en el comercio de bienes, servicios y/o información. Las sociedades con mayor libertad económica se caracterizan por tener un Estado de derecho bien establecido que protege los derechos de propiedad y las libertades individuales, además de un Gobierno que permite a los mercados trabajar adecuadamente con un marco regulatorio que favorece el buen funcionamiento de ellos. Esto implica evitar abusos de poder de mercado como las colusiones y la captura regulatoria, las que son resultado de actividades de influencia que distintos grupos llevan a cabo sin mayores restricciones.
La pregunta en cuestión no es nueva y, de hecho, muchos intelectuales han estado interesados en ella desde la ilustración. Autores clásicos como Montesquieu, Condorcet, Paine, Hume y Smith señalan que el comercio genera confianza y alienta a los desconocidos a verse como iguales en una transacción. Las obras contemporáneas presentan argumentos similares, como es el caso de Hirschman (1982), quien indica que el comercio es un agente civilizador. En contraste, autores como Aristóteles, Marx y Polanyi y, más recientemente, Sandel (2012), Deneen (2018) y Castells (2017) sostienen que la libertad económica socava la confianza, debido al énfasis que la libertad de comercio pone en el comportamiento individual. Brevemente, esta literatura afirma que la libertad de comerciar, para bien o para mal, configuran el comportamiento y la ética de las personas. La evidencia empírica y experimental no es concluyente en cuanto a cuál es la relación entre libertad económica y confianza intrapersonal (ver, por ejemplo, Berg et al. (1995), Glaeser et al. (2000), Berggren and Jordahl (2006)).
En Balmaceda et al. (2020) estudiamos la relación causal entre libertad económica y confianza generalizada e institucional, utilizando el Índice de Libertad Económica, relacionado a la Regulación de Mercado del Instituto Fraser, para 56 países y las medidas de confianza de la World Value Survey para las olas que van desde 1994 hasta 2014. Para medir confianza generalizada, la encuesta incluyó una pregunta que solicitaba a las personas elegir entre las siguientes afirmaciones: (i) se puede confiar en la mayoría de las personas y (ii) no se puede ser demasiado cuidadoso. Para la confianza institucional, construimos una variable que toma en cuenta una sugerencia de Hardin (1996), quien argumenta que las normas institucionales en una sociedad se toman como dadas por los individuos e influyen en el nivel de confianza que las personas tienen sobre las personas que no conocen. Por lo tanto, parte de la confianza generalizada podría, eventualmente, explicarse por la confianza institucional. De este modo, identificamos dos instituciones principales que influyen en la confianza generalizada y que son relevantes para la eficiencia del mercado y la libertad económica. Primero, consideramos cuánto confían las personas en las empresas principales de un país. Segundo, utilizamos la pregunta relacionada a la confianza en los partidos políticos, dado que el contexto político de una sociedad juega un rol clave en el funcionamiento adecuado de las empresas y los mercados, ya sea directa o indirectamente. Con estas variables, estimamos un modelo probit en que la confianza generalizada es la variable dependiente y las variables independientes son la confianza en empresas principales y en los partidos políticos. Con los coeficientes estimados para estas variables, predecimos la confianza institutional. Esta variable es la parte de la confianza generalizada que es explicada por la confianza en las instituciones consideradas.
Utilizando estas variables de confianza, estimamos un modelo probit para la confianza generalizada y otra para la confianza institucional como variables dependientes. Utilizamos el índice de libertad económica y este elevado al cuadrado como regresores independientes claves. La utilización del índice elevado al cuadrado tiene por objetivo capturar la potencial forma de U de la relación entre confianza y libertad económico mostrado en el gráfico anterior. A su vez, controlamos por la potencial endogeneidad de las covariables omitidas, y la causalidad mutua entre la confianza y la libertad económica. Como controles en ambos casos, utilizamos las siguientes variables: efectos fijos de región y tiempo; población; GDP; coeficiente de Gini; desarrollo financiero; tasa interna de retorno de proyectos; edad y; educación de los encuestados, origen del sistema legal. Los resultados de la regresión entre libertad económica y confianza interpersonal muestran que existe una relación en forma de U (ver Figura 2) y causal desde libertad económica hacia la confianza intrapersonal.
Esta evidencia permite conciliar los argumentos que el comercio alienta a las personas a confiar entre sí y la crítica al individualismo de mercado que afirma que las interacciones personales disminuyen con la libertad económica. Esta última afirmación es cierta cuando libertad económica es baja, sin embargo, la primera aseveración también lo es, cuando la libertad económica es alta. Además, se comprueba que la desigualdad medida por el coeficiente de Gini tiene un impacto negativo y significativo sobre la confianza generalizada, mientras que la educación, edad, PGB y desarrollo financiero tienen un impacto positivo y significativo en ella.
Los resultados de la regresión entre libertad económica y confianza institucional revelan una relación causal y positiva desde libertad económica hacia confianza institucional (ver Figura 3) para todos los niveles observados de libertad económica. Asimismo, la desigualdad medida por el coeficiente de Gini tiene un impacto positivo y significativo en la confianza institucional, mientras que la educación, edad, PGB y desarrollo financiero tienen un impacto negativo y significativo, excepto la edad que es no significativa en ella. Por tanto, la evidencia encontrada provee soporte empírico al hecho que, en un comienzo, como sugiere Aghion et al. (2010), un aumento en la libertad económica resulta en una caída en la confianza intrapersonal y en un aumento en la confianza institucional hasta que libertad económica alcanza un valor entre 5 y 5.5, dependiendo la estimación. A partir de ese punto, aumentos sucesivos en la libertad económica, como los que han experimentado Finlandia, Holanda, Suiza, Suecia, Alemania, Australia, Corea y Noruega, van acompañados de aumentos sucesivos en la confianza intrapersonal e institucional.
Contrario a lo que la intuición del individuo común sugiere, un aumento en la libertad económica es positiva para la confianza institucional y, a partir de un cierto punto, también lo es para la confianza generalizada. A su vez, mejorar la educación y reducir la desigualdad ayudan a aumentar la confianza. Para la crisis que vive Chile actualmente, el antídoto, que en gran medida depende de la recuperación de la confianza, parece ser la profundización del modelo, más que el cambio de él. Esto significa: aumentar la intensidad de la competencia en todos los sectores, eliminar la captura regulatoria y los privilegios de ciertos grupos de poder, combatir la corrupción y modernizar el Estado con el fin que éste pueda contribuir con políticas públicas y sociales eficientes que garanticen la igualdad de oportunidades y eviten el mal uso de los recursos públicos. Estas medidas, en conjunto con un aumento de la calidad de la educación, tendrán como consecuencia, en el mediano plazo, una caída en la desigualdad, lo que potenciará una mejora en la confianza generalizada y, con ello, garantizar la estabilidad de la democracia liberal que tanto costó instaurar.
Este artículo fue originalmente publicado en nuestra Revista Gazette.
