La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó los resultados preliminares de su estudio del mercado del gas en Chile. Se trata de un documento que no constituye el cierre de una investigación, pero que tiene un objetivo muy relevante como promotor de la competencia: instar al Estado a que no funcione en silos, de manera que los órganos sectoriales que definen regulaciones para dar garantías de suministro de bienes, tengan en cuenta las implicancias para la dinámica competitiva en ese mercado.
Con esta herramienta la FNE puede analizar la evolución competitiva de un mercado, los incentivos que generan las regulaciones y cómo los oferentes se van adaptando o interpretándola a su beneficio, pudiendo generar ineficiencias que afectan a los consumidores.
El estudio confirma algo esencial: que en un mercado con infraestructuras que tienen características de facilidades esenciales -como las redes de transporte de gas natural-, no basta la mera existencia de normas genéricas (Ley de Servicios de Gas) que obliguen a dar acceso a la red a potenciales competidores. La falta de precisión sobre cuáles son las condiciones de operación de un sistema de acceso abierto puede generar problemas de competencia.
En ese contexto, una recomendación interesante es facultar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para intervenir en caso de negativa de acceso, y establecer un mecanismo adecuado y expedito de resolución de conflictos. Una situación que genera aprensión en los reguladores, pues entienden que la competencia no es su rol, y que muchas veces se torna en litigios con elevados costos de transacción.
Otro aspecto se relaciona con cómo traspasar el poder de mercado entre empresas integradas verticalmente de un segmento regulado a otro no regulado, donde los consumidores pueden resultar afectados. En el mercado del gas, la ley exige que las compras entre empresas relacionadas entre el aprovisionamiento y la distribución se realicen a través de licitaciones públicas e internacionales. Ello, para evitar el traspaso de rentas monopólicas y estableciendo una tasa máxima de rentabilidad para la distribución del gas por cada zona de concesión.
El problema surge de una excepción regulatoria incorporada en la reforma a la Ley de Servicios de Gas, que eximía de las exigencias indicadas a los casos en que existiera un contrato preexistente de suministro de gas entre una distribuidora y una empresa relacionada.
Esto habría permitido a Metrogas aumentar entre un 12,7% y 20,2% el precio del gas natural residencial a sus clientes, a través de una empresa relacionada, lo que, de no ser detectado, se perpetuaría hasta el año 2030.
Incentivos como éstos -facilitados por la regulación y/o sus vacíos- refuerzan lo relevante que es la coordinación entre los órganos regulatorios sectoriales y las autoridades de competencia, así como la necesidad de un constante monitoreo de los mercados. No son problemas nuevos, pero tampoco son sólo propios de los oferentes de este mercado.
