El polvo lentamente se está alojando en los escándalos que estallaron tras la publicación de los Panama Papers, pero hay un mensaje predominante que todavía se escucha: la corrupción no discrimina. La corrupción no es exclusiva de países en desarrollo, ni requiere de un sistema fallido de justicia para prosperar. Como se reveló a través del caso Panama Papers, la corrupción puede tomar apariencia de ser legal cuando se realiza a través de terceros cuya propiedad es difícil de determinar, y cuyo único propósito es dificultar el rastreo de pagos ilegales. En el caso del último escándalo, el intermediario en cuestión era la empresa de abogados Mossack Fonseca situada en Panamá, cuyos presuntos clientes van desde narcotraficantes hasta funcionarios del gobierno por igual. Sólo la cantidad de los datos vaciados revela que intermediarios como Mossack Fonseca pueden ganar incentivos realmente considerables por sus servicios. Lo que preocupa más es que incluso los países con sólidas leyes de protección contra la corrupción enfrentan dificultades para prevenir transacciones corruptas cuando intermediarios de este tamaño se encuentran involucrados.
El tamaño del mercado de los sobornos en 2004 era al menos de 1 billón de dólares, lo que suma alrededor del 3% del Producto Interno Bruto del mundo.
¿De dónde proviene esta necesidad por intermediarios? ¿Qué los hace confiables para los funcionarios gubernamentales? Estas preguntas son parte del enfoque del trabajo “Intermediated Corruption” del investigador MIPP y académico en Economía de la Universidad de Chile, Elton Dusha. El estudio considera la corrupción, definiéndola como “La venta de propiedad gubernamental, realizada por un funcionario del gobierno para obtener ganancias privadas”, donde propiedad gubernamental se refiere a distintas cosas, desde la propiedad de bienes raíces hasta la tramitación de patentes comerciales. Como explica Dusha, “La propiedad del gobierno es difícil de definir, pues también incluye conceptos abstractos como el derecho del Estado de ejercer legalmente la violencia para alcanzar sus propios fines. En este espectro, la corrupción involucra la venta de todo tipo de propiedad gubernamental, incluyendo ejemplos menos concretos como leyes, concesiones, jurisprudencia, etc.”. Como se enfatiza en el artículo académico, la corrupción tiene un enorme mercado a nivel global; investigadores del Banco Mundial estiman que el tamaño del mercado de los sobornos en 2004 era al menos de 1 billón de dólares, lo que suma alrededor del 3% del Producto Interno Bruto del mundo. El trabajo de Dusha apunta a construir un esbozo económico que captura la intermediación y su impacto en los costos burócraticos (red tape costs) de patentes gubernamentales, además de establecer medidas para combatir la corrupción.
Cuando se trata de lidiar a través de canales legales, con gobiernos que fijan costos muy altos para hacer negocios, la necesidad de intermediarios nace desde ambas partes del mercado, por el riesgo legal que los funcionarios públicos enfrentan al tratar directamente con las personas que están dispuestas a pagar un soborno, y la dificultad que los ciudadanos encuentran en la búsqueda de funcionarios corruptos. En el modelo teórico del paper, los intermediarios son agentes que realizan transacciones entre los funcionarios corruptos y los usuarios finales de las patentes. La participación de los intermediarios cubre un amplio espectro de transacciones, desde facilitar patentes comerciales para abrir nuevos bares o restaurantes, hasta casos de alto impacto como el de la compañía francesa de combustibles,Total, donde los intermediarios recomendados por funcionarios del gobierno iraní trabajaron para canalizar pagos de corrupción por la construcción de dos yacimientos de gas.
El agente intermediario primero asegura que un funcionario del gobierno esté dispuesto a vender un tipo de patente en particular, por un precio acordado. Después de hacer un contrato con dicho funcionario, el agente busca un empresario al cual vender la patente. El pago para el funcionario está supeditado a dos factores: vender la patente a un empresario y la voluntad del agente para compensar al funcionario. El segundo factor es esencial para que el burócrata tome la decisión de usar un intermediario, ya que establece un problema muy interesante: si no se usa un agente, el riesgo de ser atrapado aumenta. Por otra parte, si los intermediarios hacen trampa, el burócrata pierde el pago de su soborno.
A medida que los costos burocráticos aumentan, las empresas prefieren sobornar a los funcionarios para evitar pasar por estos requerimientos regulatorios.
El paper muestra que la preferencia por lidiar con agentes “honestos” – aquellos que mantienen su palabra y pagan a los funcionarios el soborno- hace que los burócratas estén dispuestos a dejar de recibir una fracción más alta de su pago, lo que a cambio provoca que los agentes sean menos propensos a engañarlos. La intermediación en este escenario se asemeja a una profesión, con nuevos agentes entrando al mercado y aumentando la frecuencia de las transacciones corruptas. La corrupción se convierte en una industria por sí misma, y su supervivencia entrega a una gran parte de la población un interés económico. Desde el punto de vista de un empresario, el pago de un soborno es una solución atractiva, pues les permite pasar por alto los elevados costos burocráticos, una de las mayores dificultades para poder obtener una patente. Estos costos son por lo general tan altos, que los empresarios prefieren sobornar a los burócratas en vez de obtener permisos a través de mecanismos legales. Por esta razón, los costos burocráticos son una variable legislativita no menor, y sus efectos están en el centro del análisis y las conclusiones del trabajo del investigador Dusha. Los descubrimientos muestran que a medida que los costos burocráticos aumentan, las empresas prefieren sobornar a los funcionarios para evitar pasar por estos requerimientos regulatorios. Esto a su vez aumenta la cantidad total de sobornos disponibles para los funcionarios y los intermediarios. Cuando los sobornos aumentan, la intermediación también lo hace, ya que los agentes están más dispuestos a dedicar una parte más grande de sus horas de trabajo a intermediar las transacciones corruptas, pues los beneficios económicos que obtienen a cambio son más altos.
No obstante ¿Qué pasaría si decidimos aumentar la frecuencia con la que se audita a los funcionarios, en un intento de los gobiernos para disminuir la corrupción? ¿Reduciría esto además el tamaño del mercado de la corrupción? Cuando los gobiernos aumentan la frecuencia con la que auditan a los funcionarios, éstos son más reacios a recibir sobornos directamente de los empresarios, pues aumenta el riesgo de ser detectados. Por lo tanto, los funcionarios están más dispuestos a usar intermediarios para evitar la detección. Este hecho se refleja en las altas fracciones del soborno que los funcionarios están dispuestos a pagar a los intermediarios. A medida que estos pagos aumentan, la intermediación se vuelve más lucrativa y nuevamente, más horas de trabajo son dedicadas a dicha actividad. “De cierta manera – dice Dusha- aumentar la vigilancia tiende a provocar efectos perversos en la frecuencia de las transacciones corruptas, cuando las recompensas para la corrupción por trámites legales es tan alta. A medida que aumentamos la frecuencia de las auditorías, tendemos a transferir las ganancias desde los funcionarios corruptos a los intermediarios, sin tener el impacto significativo deseado en la reducción del número de patentes que se obtienen a través de vías corruptas”. Bajo este escenario, a medida que los intermediarios ganan más, el número total de horas dedicadas a las actividades de corrupción aumentan en la población general. En términos de recomendaciones legislativas, el paper sugiere que a menos que los gobiernos reduzcan lo que extraen a los empresarios en términos de costos de tramitación, las medidas para combatir la corrupción siempre serán proclives a quedar sin efecto, pues actúan como un tipo de traslado de las ganancias desde los funcionarios y empresarios hacia los intermediarios.
Visto desde una perspectiva distinta, cuando los salarios aumentan, los agentes dedican menos tiempo a la intermediación, porque el coste de oportunidad para trabajar como intermediario aumenta y los agentes pueden ganar más al hacer sus trabajos de rutina. Este enfoque entrega una nueva forma de explicar los efectos adversos que tiene para la corrupción, un aumento de las ganancias per cápita; los intermediarios dejan el mercado de los sobornos cuando las opciones de empleo afuera ofrecen una renta más alta, disminuyendo entonces la oportunidad de que funcionarios y ciudadanos se vinculen con transacciones corruptas. Esta relación inversa entre la corrupción y el PIB per cápita se puede observar claramente en el gráfico.
De forma interesante, en el caso de Chile esta relación no es tan fuerte como sugieren los hallazgos del paper. En indicadores más recientes sobre corrupción, Chile por lo general representa un valor atípico; los indicadores del Banco Mundial en 2015 informan que el PIB per cápita es de 14.500 dólares, mientras que Transparencia Internacional otorgó al país 73 puntos, de un total de 100 puntos asignados al país menos corrupto. En comparación, el puntaje de corrupción de Estados Unidos es de 74, mientras que su PIB es alrededor de cuatro veces mayor al de Chile. Otras formas de medición de la corrupción sitúan a Chile en niveles más bajos, incluso que el promedio de los países de la OCDE. La Encuesta de Empresas del Banco Mundial informa que en 2010, el porcentaje de compañías a las cuales las autoridades chilenas pidieron pago de sobornos fue de un 1.3%, mientras el promedio de los países de la OCDE es de 1.7%. En otras palabras, las cifras actuales indican que un crecimiento mayor podría no contribuir mucho a bajar los niveles de corrupción. Aun cuando la corrupción en los niveles inferiores del gobierno está ausente en Chile, una serie de escándalos de alto perfil, como el “Caso Penta”, indican que se necesita todavía de un trabajo serio para erradicar la corrupción presente en niveles más altos del gobierno.
En 2010, el porcentaje de compañías a las cuales las autoridades chilenas pidieron pago de sobornos fue de un 1,3%, mientras el promedio de los países de la OCDE es de 1,7%.
Cuando se trata de escoger la política adecuada para luchar contra la corrupción, la investigación de Dusha sugiere que a diferencia de los efectos negativos que podría conllevar el aumento de las auditorías, como intento para frenar la corrupción, las recomendaciones legislativas que apuntan a aumentar el PIB de los países, en combinación, con la reducción de los costos burocráticos, tendrían como resultado mejores recompensas totales a largo plazo. Sin embargo, los resultados de dichas políticas tienden a tomar largo tiempo en materializarse, y la mayoría de los gobiernos que quieren permanecer en el poder en un futuro cercano, evitan reformas radicales. Como concluye el trabajo: “En un país corrupto que realiza elecciones libres, los funcionarios del gobierno que tienen registros de ser corruptos no serían despedidos porque la mayoría de la población podría tener un interés económico real en el statu quo. De esta manera, la corrupción hace que la sociedad sea miope, sobrevalorando las ganancias a corto plazo e ignorando las pérdidas a largo plazo”.
