En 1970 había solo 23 democracias electorales en el mundo; en el 2000, 120, con un aumento acelerado después de la caída del muro de Berlín. Junto con ello, el capitalismo se extendió por el mundo y el resultado fueron las tres décadas más prósperas de la época moderna: la mayoría de las naciones crecieron en forma sostenida, nunca antes hubo menor pobreza y la distribución del ingreso entre países nunca fue más igualitaria.
El progreso, sin embargo, no llegó a todos por igual. En la mayoría de las naciones, los ingresos de los primeros cinco deciles y del 1% más rico crecieron enormemente, mientras que el de la clase media (deciles 6, 7, 8, 9) tuvo un aumento mucho menor. Esto, junto a la gran recesión del 2008, puso en riesgo los proyectos vitales de las clases medias, las que han buscado en sus estados una solución. Estos, en el mejor de los casos, han proveído soluciones incompletas. Chile no ha sido la excepción.
Nuestro país posee programas sociales costosos con bajos retornos sociales como, por ejemplo, la gratuidad de la educación superior; la participación en ella no ha aumentado, la segregación sí lo ha hecho y la calidad de muchas universidades que se unieron a la gratuidad se ha deteriorado. Una solución es eliminar los programas sociales con bajo retorno y utilizar esos recursos para establecer un impuesto negativo al ingreso (INI).
El INI proporciona dinero a las personas con un ingreso del trabajo por debajo de un cierto umbral. Por ejemplo, si el umbral es $ 400.000 y el impuesto negativo sobre al ingreso es 50%, alguien que gana $ 200.000, recibirá $100.000 del gobierno. Esto es diferente de un ingreso básico universal en el que todos aquellos con un ingreso bajo un umbral reciben el mismo ingreso. El impuesto al ingreso debe contemplar una tasa marginal de impuesto negativo decreciente en el ingreso hasta alcanzar el umbral, y una positiva y creciente para ingresos que lo exceden.
A diferencia del ingreso universal, el INI genera mayores incentivos al trabajo y la formalización de este. Lo primero, porque cada individuo mantiene un porcentaje del ingreso extra generado y por ende la persona que trabaja siempre ganará más que quien no lo hace. Lo segundo, porque para acceder al beneficio se debe declarar renta. Además, el INI permite a los individuos elegir libremente cómo gastar su dinero, ahorra costos administrativos de programas sociales eliminados y evita que los más pobres paguen un impuesto implícito alto al perder la elegibilidad a los programas sociales cuando sus ingresos aumentan. También evita las actividades de influencia dedicadas a obtener elegibilidad y reduce el control del Estado sobre las personas más pobres.
Durante gran parte de las últimas cuatro décadas, Chile fue un innovador exitoso en materia de políticas públicas, es el momento de recuperar esa impronta.
Esta columna fue originalmente publicada en La Tercera.
