Es sabido que la educación aumenta la productividad, el acceso al trabajo, la participación cívica y la igualdad de oportunidades, disminuye la drogadicción, el alcoholismo y la criminalidad, entre otras cosas. Dado los beneficios privados y sociales que ésta genera, quién podría oponerse a la idea de educación sin costo para el receptor.
Sin embargo, creer que la educación, independientemente de su calidad, permite un conjunto amplio de opciones y una capacidad para resolver los problemas de la vida cotidiana, es un error. Educación de calidad implica una experiencia que armoniza dimensiones intelectuales, morales y prácticas. Pensar que ésta se reduce al desarrollo de capacidades para responder adecuadamente a las tareas prácticas de la existencia cotidiana, es no comprender la complejidad del proceso educativo, de sus fines y medios.
Lamentablemente, mi visión, desde una universidad comprometida con entregar tal experiencia, es que la política de gratuidad no ha hecho más que horadar las condiciones para generar dicha experiencia. La razón, aunque pueril, son las restricciones presupuestarias enfrentadas por universidades adscritas a la gratuidad que no reciben fondos basales. En mi universidad, esto ha forzado el quehacer universitario a focalizarse en métricas capaces de contener los costos para reducir los déficits que la gratuidad genera, ha acotado nuestra capacidad de deliberar acerca de materias necesarias a la hora de proveer educación de calidad y ha limitado nuestra capacidad para entregar dicha calidad. En resumen, esta política atenta contra el anhelado objetivo: “educación gratuita y de calidad para todos los chilenos”.
¿Importa que algunas universidades enfrenten estos problemas, si hay otras que se benefician de la gratuidad? Sí. Los estudiantes que obtienen el puntaje para ingresar a universidades de elite adscritas a la gratuidad son pocos, y provienen en su mayoría de colegios privados y liceos emblemáticos. Argumentar que la razón es la falta de gratuidad es falaz, pues un porcentaje pequeño de alumnos elegibles para ingresar a tales universidades no lo hicieron por falta de recursos. La política de gratuidad actual nos condenará a un sistema segmentado: universidades para la elite que provienen de colegios particulares pagados y liceos emblemáticos, universidades de buena calidad no adscritas a la gratuidad y universidades adscritas y no adscritas a la gratuidad que ofrecen educación de baja calidad. En resumen, la implementación de gratuidad universal como está propuesta en el actual proyecto de ley, aumentará aún más la segregación social, con el consiguiente daño que implica para todos nosotros.
La encrucijada enfrentada no es de fácil solución. Creer tener la respuesta definitiva a ésta, implica una comprensión parcial y simplificada de qué significa y cuál es el rol de la educación de calidad. Como resultado de ser hoy un país más educado y diverso, debiéramos comprender que nos jugamos parte importante de nuestro futuro y, por lo tanto, deberían primar la disposición al diálogo, la opinión de los expertos y la voluntad de concordar un camino.
