Durante las últimas décadas ha surgido dentro de las ciencias sociales un creciente interés por estudiar las causas y consecuencias del conflicto social desde un punto de vista cuantitativo. Mientras que los primeros estudios se enfocaron en conflictos muy cruentos o guerras civiles, la investigación ha redirigido su interés hacia conflictos de mediana intensidad, donde la violencia es una estrategia más dentro de un vasto repertorio de acciones de protesta social.
En particular, los conflictos de autodeterminación, definidos como aquellos que involucran grupos demandando mayores niveles de autonomía dentro de un estado, están siendo objeto de un detallado escrutinio dada su alta y persistente prevalencia. Actualmente, hay más de un centenar de conflictos de autodeterminación operando en el mundo (Cunningham 2014). Entre ellos, el conflicto entre el pueblo mapuche y el estado chileno (Cunningham 2014; Sambanis et al. 2018).
En concurrencia con esta tendencia, el Instituto Milenio en Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (MIPP) ha construido la Base de Datos de Eventos del Conflicto Mapuche-Estado Chileno, MACEDA, que constituye la primera fuente de información cuantitativa sobre la evolución y dinámica del conflicto para el período 1990-2016.
Descripción de MACEDA
La unidad básica de MACEDA es un “evento de conflicto”. Estos episodios se definen como acciones específicas que ocurren en un lugar y fecha específicos, y que son propios de un conflicto de autodeterminación: acciones violentas y no-violentas perpetradas por grupos no relacionados con el Estado, y acciones de coerción estatal. Los eventos incluidos en la base son aquellos donde los actores y/o sus motivaciones están relacionados con el conflicto entre los mapuche y el estado chileno.
En la investigación, los eventos fueron recopilados a partir de reportes de diferentes medios de comunicación. Nuestra principal fuente de información es el periódico chileno, “El Mercurio”, de gran influencia nacional y que contiene reportes para todos los años entre 1990 y 2016.
La literatura especializada en la construcción de bases de conflicto advierte que la clasificación de eventos a partir de medios de prensa contiene una serie de sesgos, siendo el sesgo editorial de la fuente uno de los más importantes (Earl et al. 2004, Weidman 2015). En el caso de “El Mercurio”, diversos estudios muestran un significativo sesgo editorial en su tratamiento del conflicto entre el pueblo mapuche y el estado chileno (Amolef 2004, Muñoz 2010, Troncoso y González 2014). En consecuencia, hemos tratado de atenuar este sesgo mediante el uso de fuentes alternativas. Ninguna fuente alternativa por sí sola cubre todo el período, pero sí lo hacen todas ellas conjuntamente. Se incluyen dos repositorios de noticias, cuáles son los de Mella- Avalos (1990-2000) y OSAL (2000-2011); y dos medios de prensa: El Ciudadano (2010 – 2016) y Radio Bio Bio (2009 – 2016).
La figura 1 muestra la dinámica del conflicto a partir de información de “El Mercurio” y fuentes alternativas. Se muestran el número total de eventos anuales (en negro) y el total de eventos trimestrales anualizados (en rojo). Las líneas verticales corresponden a los ciclos contenciosos, lo que serán descritos más abajo. Lo que nos interesa ilustrar con la figura es qué, si bien los patrones no son exactamente coincidentes, ambos dan cuenta de una dinámica similar. Estas dinámicas, además, son consistentes con la literatura histórica y cualitativa del conflicto.
La codificación de un evento en MACEDA tiene cinco elementos: identificación (fecha y localización), tipo de evento, actores (tipo de actor, nombre y número), información adicional (descripción del evento, heridos, arrestados) y descripción de las fuentes. Los eventos son clasificados en seis diferentes tipos: ataque, protesta, coerción, ocupación, amenaza y bloqueo. Para la descripción que continúa, se omiten los eventos de amenaza y los eventos de bloqueo se consideran como de protesta.
Dinámica y Ciclos del conflicto 1990-2016
Lo mapuche mantuvieron históricamente relaciones contenciosas con el estado chileno, en particular luego de la invasión del territorio mapuche en la segunda mitad del siglo XIX. Si bien una extensa área mapuche permaneció de facto independiente del Estado chileno hasta 1881, a partir de esa fecha millones de hectáreas de propiedad ancestral indígena dejan de pertenecer a los mapuche (Bengoa 2000). Algunas de las confrontaciones más violentas de este conflicto permanente ocurrieron durante la reforma agraria en los 60s y 70s, y la posterior contra reforma llevada a cabo por la dictadura militar (Correa et al 2005). A partir de la recuperación de la democracia, en 1990, se reconfiguró un nuevo escenario de demandas y antagonismo, revitalizándose el conflicto histórico entre el pueblo mapuche y el estado chileno.
Existen diversos estudios y relatos respecto a esta última etapa del conflicto. En particular, el análisis que sigue se basa en Toledo Llancaqueo (2007), Mella Seguel (2014), Rojas y Miranda (2015); y en los libros de Pizarro (2011) y Pairican (2014). A partir de estas fuentes, identificamos cinco periodos bien definidos de conflicto. Para cada uno de estos ciclos, la figura 2 indica el número de eventos anuales en cada una de las categorías principales de MACEDA: Ataque, Protesta, Ocupación y Coerción. Es importante mencionar que los eventos de coerción – detenciones, arrestos, allanamientos u otros – están típicamente sub reportados en este tipo de bases de datos (ver la discusión en Osorio et al. 2017), pero podemos estudiar la dinámica de la violencia estatal si este sesgo es constante en el tiempo.
Ciclo I: 1990-1997
El conflicto reciente entre pueblo mapuche y estado chileno se inicia con el regreso de la democracia en 1990. El primer ciclo de esta etapa es de protesta social, con una baja intensidad de eventos – 20 por año – con respecto a los ciclos posteriores. Un tercio de estos eventos corresponden a 1992, año en que se cumplieron 500 años de la llegada de los europeos a América, y que generó protestas indígenas en todo el continente. La presencia de ataques en este período es casi nula, siendo la mayoría de ellos la colocación de artefactos explosivos por parte de grupos que no eran parte de las comunidades mapuche (Ejército Guerrillero del Pueblo, Mapu Lautaro). Las protestas y ocupaciones de tierras, por el contrario, constituyen dos tercios de los eventos. El momento de mayor intensidad de este ciclo de protesta ocurre en junio y julio de 1992, meses en que se reportan 30 eventos de ocupaciones y desalojos de tierra.
La reacción estatal incluye, por una parte, reformas institucionales y políticas asistencialistas. Por otra, represión frente a los eventos de protesta. Los datos de coerción que muestra la figura 2 parecen ser pocos, pero ciertamente algunos de ellos involucran muchas personas, y por tanto su magnitud no puede ser comparada directamente con los actos de violencia y protesta mapuche. Por ejemplo, las ocupaciones simbólicas de 1992 son respondidas con el desalojo y detención de los comuneros involucrados y la posterior condena de 144 mapuche acusados de delitos comunes. MACEDA reporta esta acción como tres eventos, que corresponden al arresto, formalización y sentencia de los comuneros durante 1993 y 1994.
El principal actor mapuche de este ciclo es el Consejo de Todas las Tierras (CTT). La mitad de los eventos reportados donde hay actores mapuche identificables corresponden a este grupo, siendo estos principalmente episodios de ocupación de tierras. Es este grupo, asimismo, sobre el cual se concentran los actos de coerción estatal (desalojos, arrestos y condenas judiciales).
Ciclo II: 1998-2002
El 1 de diciembre de 1997, comuneros mapuche queman tres camiones en Lumaco. Se trata de un punto de inflexión del conflicto, el cual pasa de la protesta a la violencia política.
La transición entre la vía institucional y las estrategias de protesta y violencia es uno de los problemas más interesantes de la nueva literatura en conflictos de autodeterminación. Los estudios indican que las estrategias violentas son más probables cuando los grupos están más concentrados geográficamente, fragmentados orgánicamente y discriminados económicamente (Cunningham 2013, Cederman et al. 2015), cuál es el caso de los mapuche. Adicionalmente, esta literatura muestra que la violencia se exacerba cuando un gobierno centralizado excluye a los grupos en conflicto. En el caso chileno, el ciclo anterior mostró el fracaso de la protesta indígena como mecanismo de inclusión política. Por una parte, las instituciones creadas para mediar en el conflicto fueron deslegitimadas por el propio estado (caso Ralco). Por otra, la penetración de la economía extractivista en territorio indígena se mantuvo inalterada, como lo ilustra la prórroga a la ley de fomento forestal en 1997. En síntesis, un lustro de protesta social no había generado ningún beneficio para el movimiento mapuche. El paso a la violencia política parece ser una estrategia racional en este contexto.
El ciclo que se inicia luego de Lumaco es efectivamente el primero que muestra altos niveles de conflictividad y violencia. El número total de eventos crece a más de 140 por año. Pero más importante, al repertorio de estrategias del movimiento ahora se suma la acción directa. Los ataques crecen diez veces, y en particular los ataques incendiarios pasan a ser los episodios más frecuentes, siendo casi un centenar en todo este período.
Como organización, la CTT mantiene un alto nivel de actividad (diez eventos por año), pero la recientemente constituida Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM), pasa a liderar el número de acciones (catorce eventos por año). Mientras la CTT mantiene el liderazgo en cuanto a protesta y ocupaciones, la CAM encabeza las acciones de ataque. Esto es consistente con otras investigaciones sobre conflictos de autodeterminación, donde se muestra que las organizaciones diversifican sus tácticas, de modo que el paso a la violencia política requiere de la conformación de nuevas organizaciones (Cunningham et al. 2017).
La respuesta a este ciclo es nuevamente punitiva, y los eventos de coerción aumentan de manera proporcional al aumento de hechos de protesta y violencia. La llegada de los gobiernos socialistas incrementará exponencialmente el uso de la represión como estrategia estatal. En este período, el gobierno comienza a usar la Ley Antiterrorista, cuerpo legal promulgado por la dictadura militar, para sancionar al movimiento mapuche. A eso se suma un plan de inteligencia policial llamado “Operación Paciencia”, destinado a desarticular el movimiento. Como consecuencia de esta reacción estatal, el conflicto cobra su primera víctima directa en el comunero Alex Lemún, asesinado a fines de este ciclo por fuerzas de carabineros. Esta escalada represiva, junto a una política asistencialista en territorios en conflicto (Programa Orígenes), hace disminuir los eventos de conflicto a partir del año 2002.
Ciclo III: 2003-2007
Luego del aumento de la coerción estatal por la nueva administración, el ciclo que se inicia el año 2003 se caracteriza por un reforzamiento de la represión policial y legal. Esto con el objetivo de desarticular a la CAM y detener el movimiento mapuche. El estado mantiene su estrategia punitiva y condena a los mapuche que habían sido procesados por terrorismo en el período anterior (casos Lonkos y Poluco Pidenco). Al concluir el gobierno de Lagos, había un mapuche muerto y cinco procesos por delitos terroristas con 16 militantes mapuche en prisión. El nuevo gobierno de la también socialista Michelle Bachelet reactivará el diálogo político el 2006 pero mantendrá un nivel similar de episodios anuales de coerción.
La ofensiva estatal dio como resultado una disminución en el número total de eventos, los que pasan a menos de 60 al año en este ciclo. En cuanto a su distribución, por primera vez, los ataques violentos son la estrategia preferida por el movimiento mapuche, a la vez que disminuyen los hechos de protesta y ocupación. El hecho que se acentúen los actos de violencia, cuyos ejecutores son difíciles de rastrear, es una estrategia natural en un escenario de alta coerción estatal.
En cuanto a los actores mapuche, se mantiene la presencia tanto de la CAM como de la CTT, pero el número de eventos en que estas organizaciones se ven involucradas disminuye a seis y cuatro por año, respectivamente. La CAM pasa a la clandestinidad; el año 2005, la organización tiene a trece miembros en prisión y diecisiete en la clandestinidad. En general, el movimiento se empieza a fragmentar.
Ciclo IV: 2008-2010
El cuarto ciclo muestra características similares al ciclo anterior, con la diferencia de que el proceso de desmovilización mapuche se revierte y nuevamente hay un aumento de los eventos de conflicto. El total de eventos vuelve a elevarse, alcanzando 150 por año. La distribución de estos eventos, sin embargo, continúa el patrón del período anterior. Se mantiene la preminencia de los ataques como estrategia de confrontación, seguido de la protesta y en último término las ocupaciones de tierra.
El estado, a su vez, también mantiene un alto nivel de coerción. El inicio de este ciclo está marcado por el asesinato Matías Catrileo, estudiante universitario y militante de la CAM, en Vilcún el 3 de enero del 2008. A este asesinato le sigue el de un segundo mapuche, miembro de la recién creada Alianza Territorial Mapuche, el comunero Jaime Mendoza Collío, en Ercilla el 12 de agosto del año 2009. Ambas muertes fueron perpetradas por carabineros.
Los datos de MACEDA, de hecho, muestran que el primer gobierno de Michelle Bachelet fue la administración más represiva de todo el período de análisis. En cuanto a hechos de coerción, estos son del orden de 40 al año entre 2006 y 2010, duplicando el de cualquier otro período presidencial.
Dado que estos hechos son una reacción al aumento de la violencia mapuche, un mejor índice de represión es el cociente entre coerción y ataques. Usando esta medición, también el primer gobierno de Bachelet destaca sobre las otras administraciones en el uso de acciones de la coerción estatal. Los mismos datos indican que el gobierno de Ricardo Lagos fue el segundo más represivo en todo el período analizado.
La CAM, a pesar de estar severamente dañada, muestra un alto nivel de modularidad y resiliencia. La creación de los órganos de resistencia territorial (ORT), brazo armado de la militancia, eleva el número de eventos en que se involucra a casi una veintena por año, el más alto de todo el conflicto. Algunos de esos eventos son de coerción, con el 80% de la CAM en prisión hacia el año 2009. La CTT, por el contrario, desaparece como organización y no tendrá más eventos reportados en MACEDA. Adicionalmente se nota que el conflicto se vuelve más inorgánico. El total de eventos que son perpetrados por encapuchados no asociados a organizaciones y grupos no identificables, que estaba bajo el 20% en los ciclos anteriores, aumenta a un 30%. Esta tendencia se acrecentará en el ciclo siguiente.
Ciclo V: 2011-2016
El último ciclo exhibe una evidente radicalización del conflicto. Los eventos vuelven a elevarse por sobre 150 al año. Sin embargo, la diferencia radical respecto a ciclos anteriores está en la distribución de estos eventos. En todos los períodos previos, el aumento o disminución de eventos de conflicto iniciados por los mapuche – ataques, protesta y ocupaciones – había sido en la misma dirección. Pero luego del 2011, esta congruencia desaparece. Los ataques los que se duplican mientras que los eventos de protesta y ocupación se reducen a la mitad. Es decir, la vía rupturista o violenta se constituye como la estrategia principal del movimiento al mismo tiempo que se deslegitima la vía más política asociada a la protesta.
Producto de esta radicalización se producen las primeras dos muertes de personas no mapuche. El 2 de abril del 2012, el sargento de carabineros Hugo Albornoz es asesinado de un disparo durante un allanamiento en Ercilla; el 4 de enero del 2013, el matrimonio Luchsinger-Mackay muere por causa de un ataque incendiario en su residencia, en la comuna de Vilcún. Adicionalmente, en este mismo ciclo mueren otros comuneros mapuche producto de disparos de desconocidos o atropellos.
Respecto a las causas de esta radicalización del conflicto, el primer hecho que observamos es que 2011 es un año de intensas movilizaciones y conflicto social en Chile. Pero si bien el estado de ánimo nacional pudo contagiar el movimiento mapuche en el corto plazo, es difícil que propiciara un cambio de tendencia de mediano plazo. Una explicación más plausible, que algunos estudiosos han esbozado al nivel de hipótesis, es que la desarticulación de la CAM, fragmentó orgánicamente el movimiento permitiendo la emergencia de nuevos grupos. Un argumento similar ha sido usado para explicar el aumento de la violencia en países como México, donde los grandes carteles mantenían la estabilidad interna y su desbarajuste por parte de la coerción estatal fue lo que generó que la violencia se expandiera y se generalizará dentro de grupos menores e inorgánicos (Calderon et al. 2015). Sin embargo, esta comparación no debe extremarse, dado que los movimientos indígenas tienen la especificidad de que sus unidades básicas son familias o comunidades y, por lo tanto, cualquier fragmentación es su vez un repliegue hacia estas unidades básicas.
Los eventos de coerción son menores en términos anuales que en el período anterior. El gobierno del derechista Sebastián Piñera inicia el 2010 una actitud más dialogante con los mapuche, negociando con los comuneros en huelga de hambre. No obstante, la radicalización del conflicto da un giro represivo a su gobierno, y se vuelve a la estrategia de coerción y al uso de legislación especial para enfrentar el problema indígena.
En cuanto a los actores, este período mantiene a la CAM como un actor relevante, pero simultáneamente operan nuevos grupos organizados y no organizados. Entre los primeros, destaca Weichan Auka Mapu (WAM) una organización que se escinde de la CAM el año 2011, y que con 9 acciones anuales frente a 8 de la CAM se constituye como el grupo más beligerante en este período del conflicto. Adicionalmente, la contienda aumenta su carácter inorgánico. Del total de eventos, cerca de la mitad de corresponden a encapuchados fuera de las organizaciones y a actores no identificados. El aumento de armas – ya sean armas de fuego o artefactos explosivos – también es notable. Excluyendo los actos de coerción, los eventos donde se reportan armas pasan del 40 al 60% en esta etapa.
El extendido uso de armas de fuego en este ciclo final nos sirve para resumir la radicalización que ha exhibido en conflicto luego de dos décadas. A comienzos de la década de 1990, sólo dos eventos anuales reportaban la presencia de armas. A fines de todo el período, 75 eventos anuales reportan el uso de armas de fuego u objetos incendiarios. En síntesis, el conflicto mapuche estado chileno exhibe en el largo plazo una pérdida de legitimidad de la protesta y una diversificación de los repertorios de acción, incluyendo una opción creciente por la violencia política como estrategia de confrontación.
Descripción geográfica del conflicto
Más del 80% del total de eventos de conflicto está concentrado en tres provincias. En la provincia de Arauco, al sur de la Región del Biobío, se reportan 16% del total de eventos; mientras que las provincias de Malleco y Cautín, que juntas constituyen la Región de la Araucanía, abarcan el 34 y 31% de la suma de episodios en el período. De las catorce comunas con más de 50 eventos en el período, 10 de ellas se ubican en estas provincias.
Existen tres focos principales de conflicto, que coinciden con las tres provincias antes mencionadas. El primer foco es en la provincia de Arauco, específicamente en la vertiente occidental de la cordillera de Nahuelbuta, en la zona Lafkenche. Las comunas de Tirúa y Cañete son la tercera y cuarta comunas con el mayor número de episodios de conflicto. El segundo foco, y el más intenso, es el valle de Malleco. En particular, las comunas de Angol, Collipulli, Ercilla, Traiguén y Victoria. La comuna de Ercilla, con más de 450 eventos en todo el período, es la comuna más conflictiva del país. El tercer foco, corresponde a la zona central de la Araucanía, provincia de Cautín, y lo constituyen las comunas de Temuco, Padre las Casa y Vilcún. Temuco es la segunda comuna en cuanto al total de eventos; la capital regional concentra gran parte de las protestas y manifestaciones asociadas al conflicto, y un importante número de eventos de coerción se originan en sus tribunales.
Adicionalmente, otras cuatro comunas concentran un número abultado de eventos. Santiago y Concepción son centros urbanos que alta población mapuche y, al igual que Temuco, exhiben eventos tanto de protesta como de coerción estatal. Dos comunas rurales son conflictivas fuera de la Araucanía. Al Norte, la comuna de Santa Bárbara tuvo un significativo número de eventos durante la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, en el segundo ciclo de conflicto. Al Sur, en la zona cordillerana de la región de Los Ríos, Panguipulli registra un amplio número de ocupaciones de terreno.
