La Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) es un anticonceptivo que se puede tomar después de una relación sexual sin protección o cuando otros métodos anticonceptivos fallan, para reducir la probabilidad de concepción. Hasta 2008, la píldora no estaba disponible en Chile, o estaba disponible solo para períodos cortos y en casos limitados (por ejemplo, violación).
En Chile, los métodos para la regulación de la fertilidad femenina siempre han sido controversiales. Prueba de ello, fue la restricción del Postinor 2 (una pastilla anticonceptiva de emergencia) en el 2008. Sin embargo, un año después, el mismo laboratorio que produjo esta pastilla presentó el Escapel 1, un método de anticoncepción de emergencia que fue autorizado para ser comercializado. Esto, sumado con un vacío legal a nivel municipal, implicaba que los alcaldes/as de cada uno de los 346 municipios del país podían dictar si la píldora podría estar disponible en las clínicas locales de atención primaria. El lanzamiento de la píldora siguió a un largo proceso legislativo que resultó en períodos de variación municipal en la disponibilidad del medicamento.
Para conocer mejor los efectos de la PAE, los académicos Viviana Salinas y Damian Clarke –este último, perteneciente al Instituto Milenio MIPP– realizaron una investigación llamada “Acceso a la píldora anticonceptiva de emergencia y salud reproductiva de la mujer: evidencia de la reforma pública en Chile”, que examinó si el acceso subvencionado a esta píldora incide en la salud materna.
Para realizar la investigación, se utilizaron datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) disponibles hasta el año 2017 para analizar la incidencia de la píldora anticonceptiva antes de la entrada en vigencia de la Ley de Interrupción del Embarazo, promulgada en septiembre de 2017. También, analizaron conjuntos de datos administrativos que cubren todas las hospitalizaciones en Chile, en un periodo de 15 años (entre el 2002 al 2016).
Además, construyeron un conjunto de datos de municipios basado en varias fuentes de registros de salud administrativos y medidas de disponibilidad de la PAE. Se incluyeron una serie de controles variables en el tiempo para capturar los posibles determinantes de la implementación a nivel municipal. Los datos cubren el período de 15 años de 2002 a 2016, que comprende (1) el período anterior a la PAE de 2002 a 2008 utilizado como referencia; (2) el período de implementación de 2009–2011, para el cual se puede medir la variación a nivel municipal en la disponibilidad de la PAE; y (3) el período de suministro total de 2012-2016. Tanto en el período de «despliegue» como en el de «suministro completo», se observa la cantidad de PAE desembolsadas por el sistema de salud público chileno.
En estudios previos, el uso de anticonceptivos se ha relacionado con una mejora en los indicadores de salud materna, al menos cuando se considera la supervivencia. Además, existe evidencia clara de que el aborto inseguro afecta significativamente la salud y la supervivencia maternas, así como evidencia en la literatura médica de que los agentes abortivos comprados en el mercado negro se usan en ausencia de alternativas legales. Por lo tanto, podría existir plausiblemente una cadena causal: la disponibilidad de la PAE reduce los abortos clandestinos, lo que a su vez mejora los resultados de salud.
Para probar empíricamente si existe un vínculo entre el acceso a la PAE y la salud materna, se enfocaron en la fuerte expansión en la disponibilidad de la PAE en Chile durante el periodo 2002-2016. Buscaron determinar si esta disponibilidad resultó en reducciones en eventos clave de morbilidad materna al examinar la reforma legislativa que hizo que la píldora estuviera disponible de forma gratuita para cualquier mujer inscrita en el sistema de salud pública. Durante todo el período de estudio, el aborto era completamente ilegal en Chile, y la hipótesis de trabajo era que la PAE proporcionaba una opción anticonceptiva poscoital alternativa para las mujeres, permitiéndoles potencialmente evitar abortos clandestinos e inseguros.
En ese sentido, los investigadores pudieron determinar que la distribución de la PAE llevó a una reducción de las tasas de morbilidad relacionada con el aborto. Estas mejoras se ven reflejadas en municipios del país donde la distribución y gasto en la píldora fue mayor. Los resultados reflejan que se pueden haber evitado hasta 27.000 casos de hospitalizaciones relacionadas con el aborto, reduciendo las tasas de morbilidad de esto en aproximadamente un 10%.
Esto se refleja en el gráfico a continuación que muestra que la morbilidad relacionada con el aborto muestra una ligera tendencia a la baja de 2002 a 2007, pero una reducción clara y pronunciada luego de la introducción de la PAE en 2009.
¿Qué ocurre cuando los municipios no distribuyen la píldora?
Al analizar el gráfico a continuación, se puede apreciar que el panel B presenta datos sobre el papel que juegan las solicitudes rechazadas de la PAE en los resultados de salud materna. Se empleó un modelo idéntico al del panel A, pero en lugar de considerar si un municipio permite oficialmente el desembolso de la píldora, se examinó el impacto de los municipios que rechazan oficialmente las solicitudes de la PAE de las mujeres.
Los resultados de esta investigación sugieren que el impacto de la píldora tiene una gran relevancia en el contexto investigado. Por otro lado, los investigadores concluyen que, en la obtención de la píldora, también influyen en las decisiones políticas de las municipalidades, algo que va en contra del derecho de las mujeres a tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo y función reproductiva, además de obstaculizar gravemente la salud de la mujer.
El estudio completo se encuentra disponible de forma gratuita en la revista Demography, en el siguiente enlace.
Revisa el video que explica esta investigación, acá:
