La plataforma de investigación Proyecto de Datos Mapuche (MDP) reúne información cuantitativa sobre este pueblo originario y es impulsada por académicos de la Universidad de Chile y de Talca, al alero del Instituto Milenio de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (MIPP). Además, discute en uno de sus documentos la relevancia de una falta de consenso sobre lo que significa ser indígena y el impacto que esto tiene en políticas públicas.
La reciente elección de constituyentes indígenas abrió el debate sobre a quiénes considerar como miembros de pueblos originarios, y qué criterios utilizar. La posible aprobación de cuotas de representación política, volverá a colocar esta cuestión en el debate público, una vez que la nueva constitución entre en ejercicio.
¿Qué define lo indígena? y ¿cómo podemos medirlo efectivamente? Estas preguntas reflejan la dificultad para establecer límites claros a la indigenidad, y para poder sistematizarla. En el censo de 1992 y 2002 realizado en Chile, la población indígena cayó casi a la mitad de un 10,3% a un 4,6% en porcentaje nacional.
Diferencias tan abultadas son difícilmente atribuibles a cambios demográficos. Las explicaciones ante estas variaciones son principalmente metodológicas: las distintas formulaciones de las preguntas y sus categorías de respuesta, quién realiza la clasificación (encuestador o encuestado) y si la identificación como indígena se basa en la autoidentificación o en otros criterios (apellidos, lenguaje, lugar de residencia, entre otras).
“Para cualquier ámbito, entender la dimensión de una población es vital. Tanto si queremos aplicar políticas públicas como para simplemente entender la dimensión de las personas con las que estamos tratando. En esto el estado chileno ha fallado al igual que muchos otros”, dice Alejandro Corvalán, investigador del Instituto Instituto Milenio de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (MIPP).
“El proyecto surge a partir de la necesidad de contar con datos confiables y reproducibles respecto a las dimensiones económicas, políticas y sociales de estos pueblos”, explica Corvalán, propulsor del Proyecto de Datos Mapuche (MDP) el cual tiene como objetivos identificar, digitalizar, compilar, procesar y armonizar información cuantitativa respecto al pueblo mapuche.
En América Latina, los principales indicadores para medir indigenidad han sido en primer lugar la ascendencia, es decir los apellidos, donde se definen como mapuche a las personas que cuentan con al menos un apellido mapuche. El problema de esto es que, en Chile, entre 1970 y 1990, 2.365 indígenas solicitaron cambio de apellidos, siendo 2.065 mapuches.
“El cambio de apellidos ha sido más frecuente en ciudades, para encubrir los orígenes indígenas. Hoy, con la revaloración de lo étnico, esta conducta es menos común, pero deja ver en claro la problemática de medir a la población con este estándar”, comenta Pedro Cayul, co-director del MDP.
Otro problema del uso de apellidos es que quienes tienen ascendencia mapuche por parte de alguna de sus abuelas (u otras generaciones anteriores) no tendrán apellido mapuche, aunque sí reconozcan su herencia indígena. También hay que considerar que, durante el proceso de ocupación del territorio mapuche, muchos apellidos fueron alterados y castellanizados. Así, es normal encontrar títulos de merced con apellidos como Morales, González o Lagos.
Para poder testear la efectividad del uso de apellidos, podemos comprobar cuantas personas del padrón mapuche utilizado en la elección anterior tienen apellido mapuche Comprobamos que del 1063980 mapuche del padrón, 71.89% tiene apellido mapuche. Es decir, “existen casi 300 mil personas registradas como mapuche que no poseen ninguno de sus dos apellidos”, agrega Cayul.
Otro criterio es que se clasifica como indígena a los que hablan o entienden la lengua. Este criterio de clasificación también puede no ser certero, pues muchos indígenas ya no hablan o entienden su lengua. En el caso mapuche, se estima que el número de hablantes activos de mapudungún varía entre 100 mil y 200 mil, y el número de hablantes pasivos ascendería a unas 100 mil personas más.
Según la encuesta de Caracterización Socioeconómica de Chile 2013 (Casen) sólo un 11 % de los mapuche declara hablar y entender el mapudungún; otro 11 % declara solamente entender la lengua, y un 76 % dice no hablarlo ni entenderlo. De este modo, entre los mismos mapuche, quienes dominan el mapudungún son una minoría y en Chile, recién en el Censo 2012 se incorporó la pregunta sobre la lengua de pueblos originarios.
En tercer lugar, se utiliza el lugar de residencia para identificarlos, ya sea una región o tipo de vivienda, también es un criterio de clasificación basado en la adscripción de los encuestadores o empadronadores. En el caso de Chile, este fue el criterio de clasificación más utilizado en los censos históricos. Finalmente, históricamente se usó el aspecto físico de las personas, lo cual se hace impracticable hoy en día por el carácter más mestizo de la indigeneidad.
Al decidir la eficiencia de estos criterios de clasificación, la pugna principal es si utilizar el auto reporte o la adscripción por parte de los encuestadores, pues ambos tienen ventajas y desventajas. Desde la Convención 169 de la OIT se utiliza en Latinoamérica el auto reporte como criterio de clasificación de indigenidad pues esto respeta la identificación personal que se supone es siempre biográficamente coherente. Esto constituye un saber práctico y de sentido común, todo el mundo “sabe” quién es indígena sin saber cómo se sabe.
La definición de lo indígena, entonces, está lejos de ser un problema trivial o de única respuesta. La elección de constituyentes indígenas, así como la eventual creación de cuotas de representación, muestra la urgencia de este debate. De hecho, la rapidez para implementar las cuotas constituyentes y la poca difusión al respecto, implicaron la subrepresentación de la población mapuche – y de pueblos originarios, en general – respecto a las cifras del censo de 2017 basadas en auto reporte.
“Los criterios para identificar tanto votantes como candidatos deben considerar múltiples criterios y por sobre todo difundirse de manera eficaz para que todas las personas pertenecientes a pueblos originarios estén correctamente representadas e identificadas como tal”, finalizó Alejandro Corvalán.
Este artículo fue originalmente publicado en El Mostrador.
