Con más de 100 asistentes, el webinar virtual «Rol de la Libre Competencia en la Crisis Sanitaria COVID-19» contó con la participación de Massimo Motta, Académico de la Universidad Pompeu Fabra, de la Barcelona Graduate School of Economics y ex Economista Jefe de la división de Libre Competencia de la Comisión Europea; Daniela Gorab, Ministra del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de Chile; Javier Tapia, ex Ministro del TDLC y; Ana María Montoya, Investigadora MIPP y fundadora de la red ProCompetencia.
Después de un contexto general sobre la situación actual entregada por Montoya, el primero en presentar fue Massimo Motta, quien se refirió a las condiciones necesarias para brindar ayudas estatales a las empresas. Afirmó que estas ayudas debieran darse solamente a: empresas viables antes de la crisis y a todas las empresas pertenecientes a un sector en proporción similar. Estas ayudas deberían ser temporáneas y de volumen mínimo, para que las empresas puedan solucionar problema de liquidez.
Respecto a los acuerdos de cooperación, Motta planteó la interrogante sobre si la política de libre competencia debería “relajarse” a raíz de la crisis. Refiriéndose a la escasez de productos esenciales, mencionó que los Gobiernos se han dado cuenta que algunas formas de cooperación y coordinación en empresas rivales (formas que en tiempos normales se considerarían como anticompetitivas) deberían permitirse para facilitar la provisión de esos bienes. En ese punto, el economista tuvo sus reparos al referirse sobre las fusiones: “Hay un shock temporáneo, y estamos hablando de permitir fusiones que resulten en un cambio permanente en la estructura de mercado. Hay que ir con mucho cuidado con las fusiones que en tiempos normales no se permitirían”, concluyó.
El siguiente en hablar fue el ex Ministro del TDLC, Javier Tapia, quien hizo hincapié en las condiciones que se cumplirían para que una empresa tenga precios muy altos. Según él, la primera condición se trataría de firmas que tienen un muy alto poder de mercado; la segunda, de firmas con ciertos benchmarks determinados; y la tercera, de firmas que sea capaces de justificar si el precio alto se debió a investigación y desarrollo.
Con relación al tema y en función de la realidad actual, Tapia señaló que debido al shock de oferta y de demanda producto de la pandemia, la sugerencia de ciertas autoridades sobre fijar precios a alimentos básicos podía relacionarse con otros criterios más que con la funcionalidad económica, afirmando que “Cuando entramos al mundo de la regulación, nos encontramos que ésta es mucho más política. Tenemos regulaciones que no se basan necesariamente en fallas del mercado, si no en una noción de justicia”, explicó Javier Tapia. Además, el ex Ministro añadió que hasta el momento no existía evidencia de que los precios estén suficientemente altos para justificar la intervención.
El exitoso Webinar “Libre competencia y regulaciones del Estado en tiempos de pandemia” finalizó con los comentarios de las presentaciones de los panelistas de Daniela Gorab, y con las preguntas de la audiencia moderadas por nuestra Investigadora Ana María Montoya.
