Ana María Montoya
Economista
Fundadora de Red Pro Competencia
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Las malas prácticas y abusos que hemos presenciado en distintos mercados han sido un factor clave para el descontento social que hoy presenciamos. No se trata solo de grandes colisiones o carteles, sino de situaciones más cotidianas que van abonando esta sensación ambiente.
Hace unas semanas, por ejemplo, fiscalía nacional económica detectó prácticas que restringen la libre competencia en las relaciones entre los colegios y los proveedores de uniformes, luego de una investigación que duró más de dos años. Entre las prácticas que identificó, figuraron los contratos de “distribución exclusiva” sin una licitación previa en que ganara la propuesta que ofreciera la mejor relación precio-calidad, o la entrega de tarjetas de regalo y/o beneficios a los establecimientos que presentaran los productos del proveedor como los oficiales.
Y hay más. Recientemente la justicia acogió una demanda colectiva interpuesta por el SERNAC a una casa comercial por realizar cobros de comisiones que, en la práctica, implicaban que su tasa de interés efectiva superaba la Tasa Máxima Convencional (TCM): Algo similar a lo acontecido con un banco comercial sancionado esta semana por la Comisión para el Mercado Financiero por efectuar cobros sobre la TMC en operaciones efectuadas entre julio y agosto de 2017.
Todos estos ejemplos, tanto en la industria financiera como en bienes de consumo cotidiano de las familias, dan cuenta de que se requiere mayor simetría en la información para limitar los abusos o distorsiones que llevan a fijar precios menos competitivos en los mercados. Para esto se necesitan medidas concretas y, sobre todo, salir del status quo. Es preciso que los reguladores – tal como ha hecho la FNE- monitoreen de manera sistemática y oportuna, y que generen información que permita supervisar activamente los mercados, aplicando multas efectivas. De lo contrario, la falta de enforcement se traduce en un “impuesto” a los consumidores.
Adicionalmente, es clave que entreguen información simple a los consumidores que les permitan detectar anomalías y mejorar sus tomas de decisiones. Por ejemplo, en el caso de los uniformes, los apoderados ya saben los criterios que los colegios deben cumplir para asignar a los proveedores y pueden exigir que no se sigan rigiendo por lógicas anticompetitivas, situación que debería replicarse para los créditos de consumo.
No basta con investigar si no se entrega información efectiva a los consumidores sobre los mecanismos y criterios que se deben utilizar para establecer precios. En la literatura económica está demostrado que las reglas simples permiten corregir el bajo impacto de la educación financiera en los consumidores (Carpena et. al., Drexler et. al., 2014; Fernandes et. al., 2014), lo que a su vez permitirá fomentar la competencia en los mercados.
Las empresas también deben aportar, mejorando su gestión e internalizando las regulaciones de manera correcta sin buscar resquicios para eludirlas. Esto es clave para que no se perpetúe la fijación de precios excesivos, la que, a su vez, contribuye a la sensación de abuso por parte de los consumidores.
Esta Columna fue originalmente publicada en la sección “Columnistas” del Diario Financiero. Revisa el enlace aquí.
