Al margen de la obvia observación que la gratuidad de la educación superior (GES) beneficia a las familias que acceden a ella, la pregunta que cabe hacerse es: ¿Cuál es el beneficio social de esta política?
A simple vista la respuesta es obvia. Más gente se educa de la que de otro modo hubiese sido posible y la diversidad social en las universidades aumenta, con los supuestos beneficios que estos dos resultados conllevan.
Una mirada más cuidadosa a las consecuencias de esta política lleva después de un breve análisis a una respuesta un tanto diferente y menos alentadora. Lo primero que cabe señalar es el efecto en la calidad de la educación de una política que genera déficits netos por periodos prolongados. Como bien lo muestra el estudio de la Contraloría publicado en La Tercera, las universidades no Consejo de Rectores (Cruch) que incurren en mayores déficits son aquellas que proveen educación de mayor calidad. Esto se ha traducido en un deterioro en la calidad de la enseñanza impartida debido a: i) recortes presupuestarios importantes con el consiguiente alejamiento de profesores de calidad y deterioro en la productividad científica; y ii) laxitud en las políticas de aprobación y cancelación de matrícula. La razón es la exigencia de financiamiento que recae sobre las universidades una vez terminado el periodo de duración formal de las carreras y el hecho que la gratuidad es por una sola vez.
En cuanto a la diversidad de los alumnos los datos muestran que un 69,5% de los alumnos beneficiados con la gratuidad provienen del decil 4 y tan solo 2,1% del primer decil. Del total de alumnos beneficiados el 36% fueron a CFTs e IPs y el 20,1% a las siete universidades del Cruch de mayor calidad. Es dable pensar que el 20,1% hubiese estudiado con CAE debido al premio salarial que implica graduarse de una universidad “top” del Cruch como la PUC, UCH o UDEC. Por ende, estamos financiando individuos que pertenecerán al decil 10 de ingresos al graduarse y ellos no contribuirían mayormente al aumento de diversidad, ya que hubiesen estudiados igualmente con CAE.
En cuanto al mayor porcentaje que estudia en CFTs e IPs es probable que no contribuyan a la diversidad porque provienen del mismo segmento que los alumnos sin gratuidad de los CFTs e IPs. Es difícil de predecir cuántos de estos alumnos hubiesen estudiado la misma carrera en ausencia de gratuidad. Lo que sí sabemos es que muchas de estas carreras son altamente rentables y que la falta de educación técnica de calidad es un talón en nuestro desarrollo. Por lo tanto, sería socialmente no deseable que un porcentaje no menor de estos alumnos dejasen de educarse en ausencia de gratuidad. El 44% restante se distribuye entre universidades Cruch y privadas no Cruch, muchas de dudosa calidad, siendo la U. Autónoma y la USCS las que capturan mayor porcentaje de alumnos (5,3% y 3,1%, respectivamente). La composición socio-económica de los alumnos en estas universidades es básicamente la misma pre y post-gratuidad.
Dado que los recursos son escasos y que la educación básica y media (EBM) en Chile es de mala calidad, esto sugiere que el dinero invertido en GES estaría mucho mejor invertido en EBM y, que la gratuidad, si es que es socialmente rentable, debería recaer en CFTs y IPs. Hasta hoy no hay evidencia alguna que indique que la GES ha contribuido a mejorar la calidad de la educación y aumentado la diversidad. Dado que el tiempo no pasa en vano, cuando tengamos toda la evidencia para probar que la GES fue un fracaso, ya será demasiado tarde. Se habrá perdido la oportunidad de invertir ese dinero en EBM y con ello emparejar la cancha para todos los niños de Chile de forma tal que ellos puedan decidir su futuro en igualdad de condiciones. Esto con el apoyo del Estado, a través de un CAE bien diseñado, cuando las condiciones financieras les impidan llegar a donde se merecen.
Esta columna de opinión fue publicada originalmente en Voces de La Tercera
