Un reciente estudio realizado por el investigador del Instituto Milenio MIPP, Damian Clarke, evidencia cómo el cierre prolongado de escuelas durante la pandemia de COVID-19 afectó significativamente la capacidad de detectar y reportar casos de violencia infantil. Aunque las denuncias han comenzado a recuperarse, la vuelta a los niveles previos aún está lejos de alcanzarse. La importancia de los colegios en pesquizar casos de abuso contra los jóvenes y canalizarlos al sistema judicial se ven también afuera del contexto COVID, con imporantes caídas de denuncias durante cierres de colegios por vacaciones y otros eventos inesperados.
La pandemia de COVID-19 impactó profundamente los sistemas educativos y sociales en todo el mundo. En América Latina, los cierres de escuelas fueron particularmente prolongados. En marzo de 2021, aproximadamente el 60% de los niños de la región seguían sin acceso a educación presencial. Chile no fue la excepción, con escuelas cerradas desde marzo de 2020 y una reapertura gradual a partir de agosto del mismo año. Para diciembre de 2021, aunque el 98% de las escuelas había reanudado actividades presenciales, la asistencia estudiantil seguía siendo inferior al 50%.
Estos cierres no solo afectaron el aprendizaje, sino también la capacidad de las escuelas para actuar como redes de seguridad que detectan y denuncian situaciones de violencia infantil, un problema latente en muchos hogares.
Antes de la pandemia, las escuelas desempeñaban un papel clave en la protección infantil. Profesores y personal escolar identificaban signos de maltrato, abuso o negligencia, y canalizaban estos casos hacia las autoridades pertinentes. Según estudios previos, más del 20% de las denuncias de maltrato infantil en países como Estados Unidos provienen de escuelas.
En el caso de Chile, las denuncias formales de violencia infantil se canalizan a través de la Fiscalía, la Policía y los Tribunales de Familia. Durante el cierre de escuelas, la interacción directa entre niños y estos actores protectores se interrumpió, lo que limitó significativamente la detección de casos de abuso y maltrato.
El estudio “Schools as Safety Nets: Breakdowns and Recovery in Reporting of Violence Against Children”, realizado por Pilar Larroulet, Daniela Quintana, Daniel Pailañir y el investigador del Instituto Milenio MIPP, Damian Clarke, se enfoca en cómo el cierre y la reapertura de escuelas afectaron las tasas de denuncia de violencia contra menores en Chile. El objetivo principal fue determinar cuán generalizada fue la caída en las denuncias durante los cierres y en qué medida se recuperaron con la vuelta a clases presenciales.
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