Un reciente estudio realizado por el investigador del Instituto Milenio MIPP, Damian Clarke, evidencia cómo el cierre prolongado de escuelas durante la pandemia de COVID-19 afectó significativamente la capacidad de detectar y reportar casos de violencia infantil. Aunque las denuncias han comenzado a recuperarse, la vuelta a los niveles previos aún está lejos de alcanzarse. La importancia de los colegios en pesquizar casos de abuso contra los jóvenes y canalizarlos al sistema judicial se ven también afuera del contexto COVID, con imporantes caídas de denuncias durante cierres de colegios por vacaciones y otros eventos inesperados.
La pandemia de COVID-19 impactó profundamente los sistemas educativos y sociales en todo el mundo. En América Latina, los cierres de escuelas fueron particularmente prolongados. En marzo de 2021, aproximadamente el 60% de los niños de la región seguían sin acceso a educación presencial. Chile no fue la excepción, con escuelas cerradas desde marzo de 2020 y una reapertura gradual a partir de agosto del mismo año. Para diciembre de 2021, aunque el 98% de las escuelas había reanudado actividades presenciales, la asistencia estudiantil seguía siendo inferior al 50%.
Estos cierres no solo afectaron el aprendizaje, sino también la capacidad de las escuelas para actuar como redes de seguridad que detectan y denuncian situaciones de violencia infantil, un problema latente en muchos hogares.
Antes de la pandemia, las escuelas desempeñaban un papel clave en la protección infantil. Profesores y personal escolar identificaban signos de maltrato, abuso o negligencia, y canalizaban estos casos hacia las autoridades pertinentes. Según estudios previos, más del 20% de las denuncias de maltrato infantil en países como Estados Unidos provienen de escuelas.
En el caso de Chile, las denuncias formales de violencia infantil se canalizan a través de la Fiscalía, la Policía y los Tribunales de Familia. Durante el cierre de escuelas, la interacción directa entre niños y estos actores protectores se interrumpió, lo que limitó significativamente la detección de casos de abuso y maltrato.
El estudio “Schools as Safety Nets: Breakdowns and Recovery in Reporting of Violence Against Children”, realizado por Pilar Larroulet, Daniela Quintana, Daniel Pailañir y el investigador del Instituto Milenio MIPP, Damian Clarke, se enfoca en cómo el cierre y la reapertura de escuelas afectaron las tasas de denuncia de violencia contra menores en Chile. El objetivo principal fue determinar cuán generalizada fue la caída en las denuncias durante los cierres y en qué medida se recuperaron con la vuelta a clases presenciales.
El estudio se basó en datos administrativos que abarcan todas las denuncias formales de violencia contra niños entre enero de 2019 y diciembre de 2021. Se analizaron tres tipos principales de violencia: física, psicológica y sexual.
Los datos fueron combinados con registros de reapertura de escuelas, tasas de asistencia y medidas epidemiológicas implementadas durante la pandemia. Utilizando modelos econométricos de efectos fijos y análisis de eventos, los investigadores identificaron el impacto específico de las interrupciones escolares en las tasas de denuncia.
Para fortalecer la validez de los resultados, el estudio también consideró períodos no relacionados con la pandemia, como las vacaciones escolares regulares y huelgas estudiantiles.
Los resultados muestran una disminución inmediata en las denuncias de violencia infantil tras el cierre de las escuelas en marzo de 2020:
En términos absolutos, el cierre de escuelas y la reapertura parcial resultaron en alrededor de 5,030 denuncias faltantes entre violencia intrafamiliar, abuso sexual y violación. Esto equivale a la pérdida de entre 10 y 25 semanas de denuncias en períodos de referencia previos a la pandemia.
Aunque la reapertura de escuelas mostró una recuperación gradual, las tasas de denuncia aún no alcanzaban los niveles previos a la pandemia al cierre del 2021. Las proyecciones indican que las brechas en los reportes persistirán a lo largo del tiempo.
El estudio también identificó que las denuncias disminuyen consistentemente durante vacaciones escolares, lo que subraya aún más la importancia de la interacción presencial para detectar abusos. El investigador del MIPP, Damian Clarke, afirma que “el rol de los colegios en este contexto es clave. En muchos casos, apart de los cuidadores principales, no hay otros individuos o instituciones que tienen tanto cercanía con los niños y niñas que pueden reconocer signos de abuso y reportarlos al sistema de protección de infancia. El hecho de que se ve caídas importantes de denuncias en contextos bien variados como la pandemia, cierre de colegios por vacaciones, y cierres inesperados por paros estudiantiles subraya la importancia de los colegios en este sentido, y la necesidad de apoyar este rol con mecanismos formales.”
Pilar Larroulet, coautora del estudio, destaca la importancia de tomar en cuenta estos costos al momento de considerar a los cierres de colegios. “Desgraciadamente, los colegios siguen cerrándose por múltiples razones. Estos cierres pueden tener grandes consecuencias para el bienestar de niños, niñas, y adolescentes, que debiesen ser considerados a la hora de tomar decisiones.”
Las escuelas no solo son espacios de aprendizaje, sino también un pilar crítico en la protección de los derechos de la infancia. Este estudio destaca que, sin un canal confiable de denuncia, miles de casos de violencia infantil permanecen ocultos.
Para evitar la repetición de esta crisis en futuras emergencias, los investigadores proponen:
Clarke agrega que “un elemento que vemos como clave en la habilidad que los colegios tienen para observar y denunciar violencia—y ojalá interrumpir ciclos dañinos de violencia—es la interacción de cara a cara entre profesionales del colegio y los jóvenes. Por lo tanto, dando prioridad a políticas que aumentan la asistencia escolar tendrán retornos importantes en este dominio (más allá que cualquier efecto positivo que tenga sobre logros educativos).”
MIPP Chile 2025