Un estudio realizado por el investigador del Instituto Milenio MIPP, Pablo Muñoz, revela cómo la reducción de las vacantes universitarias en Chile bajo el régimen militar de Pinochet incrementó las tasas de mortalidad en las generaciones afectadas, destacando los efectos duraderos de las políticas autoritarias en la salud pública.
Durante el régimen militar de Augusto Pinochet, que gobernó Chile desde 1973 hasta 1990, el país experimentó profundas transformaciones económicas, políticas y sociales. Una de las áreas más afectadas por las políticas del régimen fue el sistema educativo. Tras el golpe militar de 1973, se puso fin a una era de expansiones y reformas educativas que habían mejorado significativamente el acceso a la educación superior en Chile.
El régimen de Pinochet implementó una serie de reformas neoliberales influenciadas por los principios del libre mercado. Estas reformas incluyeron la privatización de instituciones educativas y la reducción del financiamiento público para las universidades, lo que limitó el acceso a la educación superior para amplios sectores de la población.
En un contexto de represión política y control social, la reducción de las vacantes universitarias fue una medida que buscaba restringir la oferta educativa y controlar el entorno académico, limitando así las oportunidades de desarrollo personal y profesional de una generación de jóvenes chilenos.
Esta transformación educativa no solo tuvo consecuencias inmediatas en términos de acceso a la educación, sino que también generó efectos a largo plazo en la salud y el bienestar de las generaciones afectadas, un aspecto que debe ser analizado para comprender el legado del régimen autoritario en Chile.
La relación entre educación y salud ha sido ampliamente documentada en la literatura académica. Estudios previos han demostrado consistentemente que las personas con mayores niveles educativos tienden a vivir más tiempo y a tener mejor salud en comparación con aquellas con menor educación. La educación superior no solo mejora las perspectivas laborales y los ingresos, sino que también está asociada con comportamientos más saludables, mejor acceso a información médica y mayor capacidad para navegar el sistema de salud.
A pesar de esta relación bien establecida, hay poca evidencia causal directa que vincule la educación superior con la mortalidad. La mayoría de los estudios se han centrado en la educación básica y secundaria, dejando un vacío en la comprensión del impacto específico de la educación universitaria en la salud a largo plazo. Este vacío es particularmente relevante en contextos de políticas autoritarias y cambios drásticos en las oportunidades educativas.
El caso de Chile durante el régimen de Pinochet ofrece una oportunidad única para estudiar esta relación. La privatización de instituciones educativas y una drástica reducción del financiamiento público para las universidades, limitaron significativamente el acceso a la educación superior, impactando de manera desproporcionada a los jóvenes de sectores menos favorecidos. Esto provocó que el mundo académico se hiciera las siguientes preguntas: ¿La reducción de las oportunidades universitarias restringió el desarrollo educativo y profesional de una generación? ¿Tuvo consecuencias duraderas en su salud y bienestar?
En este contexto, el estudio titulado «Higher Education and Mortality: Legacies of an Authoritarian College Contraction», del investigador del Instituto Milenio MIPP y académico del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Pablo Muñoz, junto con los académicos Felipe González, Luis R. Martínez y Mounu Prem, se centra en analizar el impacto de la reducción de las oportunidades de educación superior en Chile durante el régimen militar de Augusto Pinochet.
Esta investigación examina cómo las medidas autoritarias implementadas en la educación superior después del golpe militar de 1973, afectó la tasa de mortalidad de las generaciones que alcanzaron la edad universitaria en ese período crítico, revelando importantes implicaciones para las políticas educativas y de salud pública.
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