Un estudio realizado por el investigador del Instituto Milenio MIPP, Pablo Muñoz, analiza los efectos de una reforma que amplió la protección laboral a los trabajadores subcontratados en Chile, revelando impactos significativos en los ingresos, el empleo y la asignación laboral en las empresas afectadas.
En las últimas décadas, el empleo a través de agencias de empleo temporal ha ganado prominencia en todo el mundo, ofreciendo a las empresas una manera de gestionar de forma flexible su fuerza laboral. Este tipo de empleo se caracteriza por una relación contractual triangular entre el trabajador, la agencia y la planta usuaria.
El empleo temporal a través de agencias permite a las empresas responder rápidamente a los cambios en la demanda sin los compromisos a largo plazo asociados con los empleados permanentes.
Sin embargo, esta flexibilidad a menudo se traduce en condiciones laborales precarias para los trabajadores de agencia, quienes generalmente tienen menos seguridad en el empleo y beneficios sociales en comparación con los trabajadores permanentes.
A nivel global, ha habido un aumento en la adopción de regulaciones destinadas a proteger a los trabajadores temporales y de agencia, y equiparar sus condiciones laborales con las de los trabajadores permanentes. Estas políticas buscan mitigar las desventajas de formas de empleo alternativasy asegurar que todos los trabajadores reciban un trato justo y equitativo, independientemente de la naturaleza de su contrato.
En 2007, Chile implementó una reforma significativa en su legislación laboral, destinada a mejorar las condiciones de los trabajadores de agencia. Antes de esta reforma, los trabajadores subcontratados en Chile no tenían acceso a muchos de los beneficios y protecciones disponibles para los trabajadores permanentes, lo que resultaba en una marcada disparidad en el trato laboral.
La reforma de 2007 en Chile (Ley 20.123, conocida como ley de Subcontratación), obligó a las empresas usuarias a garantizar que los trabajadores de agencia tuvieran condiciones laborales equivalentes a las de los empleados permanentes. Esto incluía medidas de seguridad en el empleo, y pago de beneficios sociales. Producto de la ley, las empresas usuarias también adquirieron unaresponsabilidad subsidiaria en caso de incumplimientos por parte de las agencias de empleo.
El objetivo de la reforma era nivelar el campo de juego y asegurar que los trabajadores de agencia tuvieran un trato justo. Sin embargo, esta legislación también planteó desafíos significativos para las empresas, que tuvieron que adaptarse a nuevas obligaciones y enfrentar los costos adicionales asociados con el cumplimiento de la ley.
Pese a su relevancia, la evidencia sobre el impacto de extender la protección laboral a los trabajadores de agencia es limitada. En ese contexto, el estudio «The Impact of Extending Employment Protection to Agency Workers on Firms» realizado por el investigador del Instituto Milenio MIPP, Pablo Muñoz, y Alejandro Micco, se centra en evaluar las consecuencias de la mencionada reforma laboral en el sector manufacturero chileno.
Los autores analizan cómo extender la protección laboral a trabajadores subcontratados afectó diversos aspectos económicos de las plantas manufactureras, con especial atención en los ingresos, el empleo y la eficiencia en la asignación laboral.
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MIPP Chile 2024