«La prohibición podría generar un clima de desconfianza y motivar a los empleadores a privilegiar a los conocidos. El mayor perjuicio sería para personas con pocas redes de contactos, que tendrían menos oportunidades aún de las que ya tienen».
En el parlamento hoy se discute una normativa que impediría o sancionaría la pregunta de un empleador a un postulante por su pretensión de renta.
El punto es que aquí nos apartamos del sano principio de implementar políticas públicas basadas en la mejor evidencia científica disponible.
Sin una discusión razonable, basada en investigaciones bien fundadas, con datos y con la experiencia de personas involucradas en esta temática, las políticas públicas están indefensas frente a tincadas creativas y aventureras.
Afortunadamente, también hay intentos de racionalizar las políticas públicas. Por ejemplo, la Dirección de Presupuestos (Dipres) invierte en evaluar objetivamente el impacto efectivo de programas a los que Estado destina cuantiosos fondos que vienen del bolsillo de los contribuyentes, incluyendo a los más modestos.
Como investigador que ha dedicado una buena parte de la última década en estudiar el comportamiento del mercado laboral en portales de búsqueda de empleo, debo decir que no creo que sepamos lo suficiente, ni en la teoría ni en los datos, para tener una claridad razonable del impacto potencial de una prohibición de las preguntas por pretensiones de renta en procesos de contratación.
Sin embargo, algo sabemos. Lo más elemental es que las personas en Chile postulan usualmente a avisos de trabajo que ofrecen salarios en promedio similares a sus pretensiones de renta declaradas en portales de búsqueda de empleo, pero pueden estar tanto por encima como por debajo con la misma probabilidad, como mostramos en nuestro artículo (Banfi, Choi y Villena-Roldán, European Economic Review, 2022), lo que descarta la idea de que una pretensión de renta es un piso o un techo. Más bien es un punto de partida para negociar un salario o para indicarle a un posible empleador que el postulante está o no en un rango alcanzable.
Nuestra investigación muestra además que los salarios ofrecidos y las pretensiones de renta de los postulantes están altamente alineadas, lo que sugiere un flujo de información importante que permite al mercado laboral funcionar con cierta eficiencia, especialmente cuando el desempleo es bajo.
La idea de que la pregunta prohibida, es una manera de evitar el poder de mercado en el ámbito laboral, podría tener algún asidero pensando en empleos de baja calificación, donde es viable sustituir fácilmente a un trabajador por otro.
En este segmento del mercado, el salario mínimo puede generar alguna protección a los trabajadores del sector formal. En el mundo informal, donde no se cumple esta última legislación, pese a estar mucho más consolidada, la pregunta prohibida sería menos que un saludo a la bandera.
Una ley de este tipo sería también difícil de fiscalizar. Desde luego, las preguntas de pretensión de renta saldrían del ámbito formal de los portales de búsqueda de empleo, pero el lenguaje verbal y no verbal de empleadores y postulantes tiene infinitos matices para obtener una información semejante evadiendo el deseo del legislador.
La pregunta prohibida puede provocar también que un candidato alegue haberla escuchado para obtener algún beneficio.
Así, la prohibición podría generar un clima de desconfianza y motivar a los empleadores a privilegiar a los conocidos. El mayor perjuicio sería para personas con pocas redes de contactos, que tendrían menos oportunidades aún de las que ya tienen.
En suma, lo (poco) que sabemos sugiere que la pregunta prohibida tendría efectos contraproducentes para quienes aparentemente desea beneficiar. Avanzar donde vemos luz parece más sensato.
Por: Benjamín Villena, Investigador del Instituto Milenio MIPP
Esta columna de opinión fue originalmente publicada en La Tercera
MIPP Chile 2024