Si bien en Chile el empleo informal se encuentra al alza, el debate al respecto debe considerarse cuán duradera es esta situación para quienes la afrontan, precisa la siguiente columna del investigador del Instituto Milenio MIPP, Benjamín Villena: «Además de considerar si alguien es informal o no, es necesario tener una noción de cuánto tiempo en promedio permanecerá en esta condición».
Las últimas cifras del INE muestran una informalidad laboral al alza, llegando en el trimestre móvil enero-marzo 2024 a un 28,1% del empleo total en el país. Este porcentaje representa la fracción de personas trabajando hoy que no tienen un contrato laboral, o no cotizan en el sistema previsional ni de salud; o bien tienen un empleador sin iniciación de actividades ante el SII.
Tradicionalmente, se ve la informalidad como algo negativo para el mercado laboral por buenos motivos. Los empleos informales no aportan recursos al sistema de seguridad social, y se desarrollan en empresas de baja productividad que usualmente pagan menos y ofrecen condiciones precarias.
Trabajadores y empleadores informales usualmente evaden patentes municipales, IVA e impuestos a la renta, entre otros. Finalmente, los informales son poco «visibles» para el Estado cuando es necesario ayudarlos con transferencias, como sucedió durante la pandemia.
Con estos antecedentes, parece razonable generar políticas públicas orientadas a reducir la informalidad. Sin embargo, un empleo informal muchas veces está más al alcance de una persona desempleada, especialmente cuando es más vulnerable. Por ello, además de considerar si alguien es informal o no, es necesario tener una noción de cuánto tiempo en promedio permanecerá en esta condición.
Si los empleos informales son un refugio temporal del desempleo mientras encuentran mejores puestos de trabajo y posiblemente formales, entonces la reducción de la informalidad debe ser mucho más cauta. Si, por el contrario, la informalidad es una trampa de la cual es difícil escapar, las políticas públicas deben orientarse a prevenir el ingreso a la informalidad.
Esta inquietud la tengo presente desde mi participación en el Consorcio contra la Informalidad Laboral que convocaron los Ministerios de Hacienda y del Trabajo en 2021. En una reciente investigación, a partir de los datos del panel rotativo de la Encuesta Nacional de Empleo, se muestra que la duración de la informalidad en Chile tiene una duración media de 16 semanas (con mucha dispersión), y es sustancialmente inferior a la observada en otras economías, como Argentina, Brasil y México.
La razón más importante de la baja duración promedio es la transición relativamente alta del desempleo a la informalidad, especialmente antes de octubre de 2019. Las transiciones de la inactividad a la informalidad también tienen cierta importancia para explicar la duración estimada.
Para llegar a este resultado, es importante considerar el «sesgo de agregación temporal», es decir, que puede haber múltiples transiciones entre empleos formales, informales, desempleo e inactividad que no observamos en la frecuencia trimestral de los datos del INE.
Si no consideramos este punto, la duración de la informalidad media es de 2,5 trimestres, casi el doble del tiempo reportado antes. También hay una proporción considerable de empleos formales en todos los grupos ocupacionales, por lo que todo tipo de trabajadores puede acceder a mercados laborales con una proporción alta de empleos formales.
Se encuentra, además, que los trabajadores con estudios superiores tienden a persistir más en la informalidad, al igual que las mujeres y los trabajadores más jóvenes. Esto podría tener relación con la mayor calidad del empleo en el primer caso, y con un uso más habitual de la informalidad como refugio frente al desempleo en el caso de las mujeres y los trabajadores más jóvenes.
En suma, la informalidad en Chile es más bien temporal, a menudo para trabajadores provenientes del desempleo, que probablemente necesitan tomarse un respiro antes de encontrar una fuente de ingresos más permanente. Esto no significa que las políticas públicas deban ignorar el problema ni muchas de sus consecuencias, pero sí debe tener en cuenta la naturaleza de la informalidad para buscar soluciones.
Por: Benjamín Villena, Investigador del Instituto Milenio MIPP
Esta columna de opinión fue originalmente publicada en CIPER
MIPP Chile 2024