Columna de Opinión Benjamín Villena
La experiencia de reducción de jornada legal en décadas anteriores en Portugal y Francia tuvo una implementación con medidas para prevenir efectos negativos, tales como caídas de los salarios mensuales (algo esperable en economías con contratos de salarios por hora) y dificultades financieras para empresas pequeñas. Quizás con esta inspiración, la reforma aprobada recientemente establece una reducción gradual y define una jornada con horas promedio mensuales, en lugar de las horas fijas de la legislación actual, medidas que debieran reducir posibles efectos negativos. Incluso, la flexibilidad introducida podría generar ganancias de eficiencia. Sin embargo, resulta difícil cuantificar con exactitud su impacto final.
En el lejano 2017 se planteó por primera vez la reducción de la jornada laboral de 45 horas semanales –vigente desde 2005– a 40. Durante 2019, en los meses previos al estallido social, el debate sobre esta materia se tornó uno de los temas de mayor connotación. Hoy, casi cuatro años más tarde, se aprueba un proyecto, en apariencia similar, pero bastante diferente al inicial.
Junto a mi colega Mauricio Tejada llevamos a cabo, por encargo de la Comisión Nacional de Productividad, un estudio sobre el impacto que tendría la reducción de la jornada laboral, cuyo primer informe data de noviembre de 2019. Para proyectar de la manera más objetiva posible qué hubiera pasado de implementarse una reducción universal de la jornada a 40 horas (e incluso, hasta 35 horas, de haberse considerado la hora de colación como trabajada), estudiamos el impacto que tuvo la reducción de jornada laboral de 48 a 45 horas realizada en Chile en 2005.
Nuestros resultados mostraron que, tras la reforma de 2005, las personas ocupadas en ese momento tendieron a perder sus empleos, mientras que quienes estaban desocupados o inactivos se volvieron ocupados con mayor frecuencia. En otras palabras, la reforma de 2005 generó reasignaciones de empleos y una reducción de horas trabajadas, como era de esperarse. A nivel macroeconómico tuvo nulo efecto en el nivel de empleo, una caída de corto plazo en los salarios, y una reducción del Producto Interno Bruto y de la productividad en 5 años.
La experiencia de reducción de jornada legal en décadas anteriores en Portugal y Francia tuvo una implementación con medidas para prevenir efectos negativos, tales como caídas de los salarios mensuales (algo esperable en economías con contratos de salarios por hora) y dificultades financieras para empresas pequeñas. Quizás con esta inspiración, la reforma aprobada recientemente establece una reducción gradual y define una jornada con horas promedio mensuales, en lugar de las horas fijas de la legislación actual, medidas que debieran reducir posibles efectos negativos. Incluso, la flexibilidad introducida podría generar ganancias de eficiencia. Sin embargo, resulta difícil cuantificar con exactitud su impacto final.
Desde 2017 los años transcurridos no han sido en vano. La pandemia cambió nuestras costumbres de trabajo y uso de tiempo, impulsó el desarrollo de tecnologías para colaboración a distancia, modalidades de teletrabajo y redujo el uso de espacios de oficina. Además, fomentó cambios en roles familiares, comercio online y reparto a domicilio, que hicieron más viable trabajar a distancia e, incluso, desde otras regiones o países. Más allá del número de horas, la forma de trabajar se redefinió en muchos empleos. Trabajar con mayor flexibilidad general es un desarrollo en curso del mercado laboral y que la legislación recientemente aprobada, en cierto modo, avala y consolida.
Esta Columna de Opinión fue originalmente publicada en El Mostrador.
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