A finales de noviembre los ministros de Hacienda, Ignacio Briones y del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, lideraron la primera reunión del Consorcio de Universidades contra la Informalidad en Chile. Este consorcio está compuesto por 18 académicos de distintas universidades, quienes en seis meses buscarán presentar propuestas para reducir la informalidad laboral.
Un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el mundo intelectual que espera rendir frutos, recuperando así la inversión y crecimiento a través de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones del mercado laboral en el mediano y largo plazo.
Benjamín Villena, investigador MIPP, Académico de la Universidad Diego Portales y director del proyecto SABE (Sistema de Análisis de Bolsas de Empleo) es uno de los participantes del Consorcio. Comentó que el primer objetivo de este grupo será construir un diagnóstico sobre la informalidad en Chile y sus causas, de manera de poder generar recomendaciones de políticas que respondan adecuadamente a ese diagnóstico.
El mundo académico posee la capacidad analítica y la experiencia en investigación que permitirá generar una mirada enriquecida de este problema. Los alcances de la informalidad trascienden al mercado laboral y afectan, por ejemplo, en el ámbito de las pensiones, y en general, en la capacidad que tienen los Gobiernos de llegar a los grupos más vulnerables de manera efectiva. Es una buena señal que el Gobierno convoque a personas que se han dedicado a empujar la frontera del conocimiento en un tema determinado, especialmente en épocas y situaciones en las cuales algunas decisiones de políticas públicas se basan en argumentos poco razonados y simplistas. Además de esta Comisión, estoy participando también en una instancia similar de expertos convocada por el Senado llamada «Futuro del Trabajo, Futuro de la Economía y Nuevas Tecnologías».
Creo que mi contribución fundamental estaría en poner al servicio de este grupo mi conocimiento sobre teoría de búsqueda laboral y el uso de datos de encuestas de empleo y portales de búsqueda de trabajo en Internet con el propósito de medir y tratar de entender la dinámica de la informalidad en Chile. Las respuestas de política apropiadas son muy diferentes si la informalidad es un fenómeno transitorio en la trayectoria laboral de una persona, o si, en cambio, en más bien una situación permanente de ciertos grupos de trabajadores. Me parece que no hay evidencia tan clara sobre este tema en Chile.
Lo que se ha visto los datos de las encuestas de empleo es que la informalidad laboral ha disminuido en este período, posiblemente porque son puestos de trabajo de menor productividad y con pocas posibilidades de teletrabajo, y, por lo tanto, mucho más vulnerables frente a la pandemia. Esta pérdida de puestos de trabajo informales naturalmente no es una buena noticia. Esto nos lleva a pensar que la informalidad per sé no es algo que quisiéramos reducir siempre, a todo evento. Es posible que los empleos informales sean un trampolín para empleos formales. Esto es parte de la evidencia empírica que nos falta para poder hacer mejores políticas públicas en este ámbito.
Utilizando las definiciones de informalidad del INE, que a su vez están basadas en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el nivel de informalidad previo a la pandemia en Chile bordeaba el 28% del empleo. Este número es relativamente bajo para estándares latinoamericanos, pero es bastante elevado para estándares de la OECD. Los trabajadores informales en Chile suelen ser con mayor frecuencia mujeres, jóvenes, o personas de edad avanzada, y con nivel educacional bajo. Pero esto es puramente descriptivo. Evidentemente, se hace necesario una caracterización mucho más completa para entender el fenómeno y sobre todo para realizar recomendaciones de política adecuadas.
A priori uno pensaría que la informalidad laboral existente es demasiado alta; sin embargo, la situación vivida a raíz de la pandemia nos hace pensar si efectivamente sería deseable reducirla tanto, dado el tipo de trabajadores que tenemos en la economía chilena. Es muy distinto reducir la informalidad en países con alto capital humano, que en países con un nivel más reducido como es en el caso de Chile. En este contexto, un trabajo informal puede ser un salvavidas temporal, o un trampolín hacia un empleo formal de mayor productividad y estabilidad. A largo plazo, las políticas que fomenten el aumento del capital humano en Chile, especialmente en el ámbito de la calidad de la educación y la capacitación son las herramientas principales para promover una reducción de la informalidad. A mediano y corto plazo, no está claro que debamos tratar a la informalidad temporal como algo necesariamente negativo, especialmente en el contexto que vivimos actualmente.
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MIPP Chile 2024